La muerte de Daniel Franco, quien presuntamente fue víctima de agresiones físicas de policías de Huimilpan, no debe limitarse al cese de los responsables; pues, si hay elementos de prueba, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias en el ámbito penal, enfatizó Miguel Nava Alvarado, defensor de derechos humanos y exombudsman de Querétaro.
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“Espero que si existen los elementos para que se acredite un delito doloso en la muerte de una persona cuando estaba bajo custodia de elementos de la policía municipal, pues no nada más con el cese. Que se judicialice el asunto”, llamó.
Recordó que ha habido casos en los que, para acallar el ruido mediático, se ofrecen formas alternas de reparación del daño, como brindar dinero a las familias de las víctimas, algo que “desvirtúa la naturaleza de los hechos delictivos”, según explicó el exombudsman.
Este lunes fueron cesados de su cargo los policías involucrados en el asesinato, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Edgar Cesar Villa Osornio, confirmó Juan Guzmán Cabrera, alcalde de la demarcación. “Mi compromiso es con los habitantes del municipio y la legalidad… nada ni nadie por encima de la ley”, manifestó el edil.
Y aunque la Fiscalía señaló que iniciaría con las investigaciones, por el delito de homicidio, no informó si se solicitará una orden de aprehensión o alguna medida cautelar contra los presuntos responsables para evitar que se sustraigan de la ley.
Entrevistado al respecto, el también doctor en derecho Nava Alvarado advirtió que esta situación es otra prueba del colapso del Estado de derecho en la entidad, lo que se manifiesta a través de otros casos como la desaparición forzada de una persona con discapacidad por parte de la policía de Tequisquiapan o el joven que perdió un ojo tras un accidente provocado por uniformados de Pedro Escobedo.
En su experiencia, la Fiscalía General del Estado, como órgano investigador, ha sido un obstáculo histórico en investigaciones de esta naturaleza, pues prevalecen la corrupción y un pacto para proteger intereses del grupo de poder.
“Hay un derecho humano precisado en el artículo 2 de la Constitución, el derecho a la justicia. ¿Cuál? Si quien se está convirtiendo en un obstáculo en muchos casos es el ministerio público. No me quiero adelantar en el caso de Huimilpan, pero al menos en los casos que he llevado advierto la parcialidad y la corrupción de la Fiscalía, claro que se puede probar. No están judicializados esos asuntos”, enfatizó.
Fue el sábado cuando la Fiscalía y el Municipio de Huimilpan dieron a conocer el fallecimiento de un hombre que fue detenido por policías de la demarcación. Según el órgano investigador, la muerte fue consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.
Entre 2017 y 2021, una tercera parte de las recomendaciones de la DDHQ fue contra alguna de las corporaciones de seguridad pública en la entidad o municipios, según la revisión hecha por Vía.Tres, convirtiéndose en el sector que más llamados de este tipo ha recibido, por encima de salud y educación.
En diciembre de 2020 se emitió la recomendación 3/2020 por hechos similares a los que ocurren ahora en Huimilpan. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro agredieron físicamente a dos personas, lo que derivó en la muerte de una de ellas en mayo de 2017.
Según la declaración, fueron pateados, mojados con agua y les dieron “toques”. No se conoce alguna consecuencia legal por este hecho además de la recomendación.
Más recientemente, en abril, la DDHQ emitió una recomendación por abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Seguridad de Pedro Escobedo, cuyos agentes impactaron a una motocicleta que iba a exceso de velocidad, accidente que dejó dos personas lesionadas. Una de ellas perdió un ojo a consecuencia de lo sucedido.
No ha sido motivo de recomendación todavía el caso de Marco Antonio ‘N’, quien se presume murió a consecuencia de los golpes que le propinaron tres policías municipales de El Marqués en mayo pasado. La familia seguía sin justicia para su familiar, detenido por escandalizar en la vía pública.
Vía.Tres solicitó a las autoridades involucradas en el tema conocer cuántos policías fueron cesados y se encuentran bajo investigación interna; sin embargo, no hubo respuesta del Municipio de Huimilpan.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) inició una queja de oficio por la muerte de Daniel Franco Miranda, confirmó el presidente del organismo, Javier Rascado Pérez.
“En este primer momento se giraron los oficios a las autoridades correspondientes a fin de que nos rindan el informe justificado; tienen 15 días, para así nosotros allegarnos de todos los medios de prueba como también poder entrevistar a las personas que participaron a llenarnos de los testimonios que puedan existir”, abundó Rascado Pérez.
No existe una estadística pública sobre policías dados de baja por abuso de autoridad, ni tampoco respecto a cuántos policías involucrados en casos de abuso policial han sido arrestados o sentenciados por estos actos, incluyendo los de homicidio.