Activistas y madres de familia urgieron a las autoridades del estado de Querétaro a reconocer la violencia vicaria, aquella que se ejerce sobre los hijos e hijas en perjuicio de las madres.
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En entrevista con Vía·Tres, la representante de la Red Nacional de Colectivas contra la Violencia Vicaria, Beatriz Pérez Espíndola, destacó que es urgente llevar a cabo acciones para el reconocimiento de este tipo de violencia dentro de la Ley Estatal para una Vida Libre de Violencia de Querétaro.
“Entendiendo ésta como el acto u omisión de generar un daño físico, psicológico, emocional, patrimonial, económico o de cualquier otra índole a un ascendente, descendiente o dependiente económico de la víctima y que es ejercida contra la persona con la que mantuvo una relación afectiva”, precisó.
Detalló que la violencia vicaria se ejerce por medio de amenazas verbales, condicionamiento de las obligaciones alimentarias, sustracción de hijos e hijas, la imputación de hechos delictuosos falsos o en donde se demuestra la dilatación de procesos judiciales de manera injustificada.
Para la activista, los gobiernos locales tienen deudas con las madres que padecen desde la violencia obstétrica hasta la criminalización del aborto o el trabajo de cuidados no remunerado; a las que se suma la violencia vicaria, al no estar tipificada y que puede llegar, en el peor de los escenarios, al asesinato de la víctima.
“Hacen falta políticas efectivas contra los padres omisos y deudores de pensiones alimenticias, tipificación de la violencia vicaria y justicia para madres víctimas de violencia vicaria y violencia institucional, sobre todo en el ámbito de la restitución internacional”, explicó.
Una violencia constante, pero que no es nombrada
Pérez Espíndola señaló que muchas mujeres han vivido la violencia vicaria, pero muy pocas la han nombrado como tal, debido a que se normalizan estas prácticas; por lo que urgió a los gobiernos locales a introducirla en el marco jurídico y, con ello, establecer las medidas necesarias de prevención y atención.
“No es nuevo que Querétaro tiene altos índices en violencia familiar. Se normalizan las prácticas abusivas. Las mujeres están reconociendo el tipo de violencia en el que están inmersas, deciden separarse de su cónyuge maltratador, con ello comienza su calvario y su injusticia”, refirió.
Encuestas realizadas por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria señalan que nueve de cada 10 agresores implementan acciones para bloquear los procesos legales, de los cuales 72% son para alargarlos; también se ha identificado que 21% de los agresores cuenta con cargos públicos; en 50% de los casos aplican tráfico de influencias, y en 82% el agresor tiene ventajas económicas frente a la madre.
Lo anterior, agregó, demuestra que la violencia vicaria también se ejerce de la mano del sistema judicial e instituciones como aliados.
En este marco, el director del Sistema Estatal DIF en Querétaro, Óscar Gómez Niembro, reconoció que han identificado esta forma de violencia; sin embargo, manifestó no tener una estadística ni un panorama amplio sobre qué significa la violencia vicaria.
“Sí se ha dado y dentro de los protocolos que tenemos en el resguardo y protección de los menores, siempre hay una evaluación y análisis de la situación jurídica y siempre buscamos restituirles sus derechos de forma inmediata y que sea dentro del núcleo familiar. Y sí hemos tenido evaluaciones en que se detecta una influencia por parte de alguno de los progenitores o de quienes ejercen la patria potestad del menor”, declaró.
El servidor público desconoció cuáles son las exigencias de las madres en Querétaro para atender la violencia vicaria; no obstante, subrayó que desde el DIF están dispuestos a iniciar mesas de trabajo para ello.
“No tengo la información precisa sobre qué es lo que están demandando, pero nosotros estamos abiertos a establecer mesas de diálogo y a entender cuáles son los alcances de estas propuestas”, manifestó.
Al respecto, el diputado panista por Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera mencionó que en la Cámara de Diputados federal se preparan foros respecto a la violencia vicaria; sin embargo, todavía no hay un proyecto.
Mientras tanto, en la LX Legislatura de Querétaro, la diputada de Morena, Yasmín Albellán, presentó el 19 de mayo una Iniciativa que propone reformar y adicionar disposiciones a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente a los artículos 4°, 6° y 8°. Asimismo, hacer modificaciones al Código Penal del Estado de Querétaro para introducir esta forma de violencia el marco jurídico de la entidad, así como establecer medidas preventivas.
Convenio de La Haya, partícipe de la violencia vicaria
Dos madres relataron la manera en la que el Convenio de La Haya se ha convertido en un mecanismo para ejercer la violencia vicaria, al ser implementado para regresar a sus países de origen a hijos que se encuentren en otras latitudes.
Vicky, madre e integrante de la Red Internacional de Madres Protectoras en contra de la Restitución Internacional de Menores, comenzó hace cinco años un proceso penal en contra de su expareja (un funcionario de nacionalidad alemana) por ejercer abuso sexual hacia sus hijas; la denuncia fue interpuesta tanto en Alemania como en México.
“Tras enfrentar las negligencias de las autoridades alemanas, en 2020 busco refugio en México, pero ese mismo año las autoridades mexicanas minimizaron los abusos y concedieron la restitución internacional de mi hija al progenitor en Alemania. Forzando a que mantenga una relación con su agresor”, explicó.
Altagracia, madre mexicana, y su hija de tres años sufrían violencia familiar de su expareja, de origen argentino. En 2020, fue separada de su hija en un operativo que calificó como violento, abusivo y traumático; y con ello, la infante fue entregada al DIF para ser llevada con su padre a Argentina.
En los dos casos, ambas exparejas utilizaron como herramienta jurídica el Convenio de La Haya.
Vicky y Altagracia coincidieron en que el convenio ha sido utilizado por ambos padres para ejercer violencia vicaria, sin importar que la custodia la tenga la madre y que el lugar de origen, en el que vivían los menores, no era seguro. Además, no se toman en cuenta los motivos por los que las madres han huido de esos países, para refugiarse en sus naciones de origen.
“¿Se debe ponderar el derecho de los progenitores agresores, en vez de priorizar el Interés Superior del Niño?”, enfatizó Vicky.
Consideró que el Interés Superior de la Niñez es “pisoteado” en la restitución internacional, con la coadyuvancia de jueces y magistrados. Añadió que las familias binacionales enfrentan nuevas formas de violencia, que son ejercidas desde instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los Centros de Convivencia Familiar (Cecofam), los tribunales, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.
“Es una violencia institucional más servil y cruel. Están restituyendo a los niños binacionales y la Convención de La Haya se está convirtiendo en un instrumento para ejecutar violencia en contra de las madres y sus hijos. Nosotras que enfrentamos procedimientos de restitución, vivimos un terrorismo judicial, una tortura judicial por parte de las autoridades, cómplices de los progenitores agresores”, declaró Vicky.