Activistas que conforman el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ) solicitaron al gobernador Mauricio Kuri González vetar la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que aprobó el Congreso local el jueves 19 de mayo.
Te podría interesar
A través de un oficio, ingresado en la Oficialía de Partes del gobierno estatal, plantearon que las dos iniciativas propuestas por los diputados no garantizaban el derecho humano al agua.
Además, argumentaron, eran contrarias a disposiciones constitucionales y a la ley federal en la materia; agregaron que al permitir trasladar el servicio de suministro de agua potable a un particular o empresa privada, las convierte en iniciativas privatizadoras.
También solicitaron llevar a cabo un parlamento abierto para la construcción de este ordenamiento legal.
“Al tratarse de un recurso natural, se debía permitir el acceso a información y participación, de conformidad con el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como acuerdo de Escazú, el cual ha sido asignado por México”, señalaron.
En el documento señalan que estos puntos fueron ignorados por legisladores, “y con una inusitada velocidad se procedió a conjuntar ambas iniciativas”.
Por tanto pugnaron porque la ley sea vetada y se proceda a crear una Ley de Aguas local, para que el Estado recobre la rectoría en materia hídrica, se fortalezca el organismo operador estatal y los municipales; además, se garantice el derecho humano al agua y su saneamiento, partiendo de una visión ecosistémica que toma en cuenta a las cuencas hidrológica e hidrográficas, así como a sus servicios ambientales.