La audiencia inicial por el caso de Valeria N, sobreviviente de acoso sexual en su modalidad digital y violencia de género en Querétaro, programada para este jueves 21 de abril, no pudo llevarse a cabo, debido a que se desconoce el paradero del imputado, informó la integrante de la organización Adax Digitales, Mayra Dávila.
Te podría interesar
Al respecto, se realizó una audiencia privada entre la fiscal Patricia Negrete y la jueza de control Mariana Vega Espino, en donde se otorgó una orden de aprehensión en contra del masculino de nacionalidad uruguaya, pues se prevé que pudo haber salido del país.
"Entramos a la audiencia, la cual no se pudo aperturar porque no hubo una notificación por parte del juzgado al imputado. Nosotras habíamos advertido desde el año pasado que se podía sustraer de la justicia mexicana, porque es de nacionalidad uruguaya", mencionó.
En entrevista, Mayra Dávila refirió que ante el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Querétaro únicamente se presentó el abogado particular del presunto agresor, quien notificó que no localizaba a su cliente.
Añadió que desde que se interpuso la denuncia en septiembre del 2021, la fiscal Patricia Negrete ha mostrado negligencia en la atención al caso de Valeria N, incluso cuando se teme por la seguridad de la joven y de su familia.
Ante esto, aseguró que presentarán una queja ante la Visitaduría de la Fiscalía General del estado y en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por negligencia de la fiscal en el caso.
"Nos han insistido en Fiscalía que no podían requerir por ley el pasaporte del agresor, pero ya había un antecedente de que no acataba las medidas de protección que se habían implementado a la víctima y para notificarlo la segunda vez de las medidas se tuvo que hacer uso de la fuerza pública, había un antecedente", recalcó.
Mayra Dávila recordó que dese hace dos años Valeria N comenzó a ser víctima de violencia digital, específicamente acoso sexual y difusión de contenido íntimo sin su consentimiento; delitos que merecen una pena de dos a seis años, según el Código Penal de Querétaro.