Será la Defensoría de Querétaro la que atienda queja por violencia en La Corregidora

Será la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) la instancia que dé continuidad a la queja por  los hechos de violencia en el estadio La Corregidora, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que no tiene elementos para continuar con ella, por lo que aguarda la investigación.
 
A través de un pronunciamiento, la CNDH informó que tras iniciar una queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas, asegurando la mejor defensa de las víctimas, se recabó información y se estableció contacto con la DDHQ.
 
“Tomando conocimiento de las investigaciones que ésta viene integrando, e incluso, a petición de presumibles víctimas, (la CNDH) realizó diversas acciones, entre otras, acudir, el pasado viernes 18 de marzo a las instalaciones del Estadio Jalisco en Guadalajara, para recabar las posibles quejas que se tuvieran por los hechos”.
 
Sin embargo, una vez revisadas las  constancia, las actuaciones de la CNDH y al valorar el trabajo de la DDHQ, se consideró  que, por el momento, no se tienen elementos para que el organismo nacional continúe el estudio de la queja.
 
“La CNDH es respetuosa de las facultades y atribuciones de los organismos estatales de derechos humanos, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
 
Por tanto, mantendrá comunicación con la DDHQ respecto al curso que tome la investigación para esclarecer los hechos, para asegurar la justicia y la reparación de las víctimas.
 
La CNDH destacó su preocupación porque estos actos de violencia vuelvan a ocurrir. Agregó que aún cuando empresas privadas hayan estado a cargo de la seguridad de los estadios, no se debe olvidar que el Estado debe establecer un marco regulatorio que proteja la seguridad y los derechos humanos.
 
“No debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que ésta cause alguna afectación a las personas”.