Gracias a la sentencia del amparo 797/2022, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, el exdirector del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Germán Borja García, obtuvo una pensión por vejez de 40 mil 516.52 pesos, por 15 años de trabajo en la administración pública.
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La sentencia del 10 de octubre, de la cual no hay una versión pública, obliga al director de Finanzas y Administración del IVEQ a dejar sin efectos el oficio en el cual no se permitía la jubilación de quien fuera titular de la dependencia.
Para darse una idea de lo obtenido, su pensión es equivalente a 6.5 veces el salario mínimo vigente a partir de 2023, el cual será de 6 mil 223.20 pesos mensuales o 207.44 diarios, según lo anunciado por autoridades federales en semanas anteriores.
El sistema de consulta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no brinda todavía el expediente público del amparo promovido por Borja García, el cual fue presentado el 30 de junio bajo el argumento de que se le negó la pensión por vejez que corresponde.
Según el decreto publicado el 13 de diciembre en el Diario Oficial La Sombra de Arteaga, Borja García laboró 15 años y tres meses en la administración pública, el tiempo mínimo para que una persona acceda a una pensión por vejez, según el artículo 141 de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por esto mismo, la cifra de su pensión equivale al 50% de lo que percibió en su último encargo como director y que es aplicable a quienes hayan trabajado de 15 a 19 años y cumplido 60 años de edad, según la misma ley.
Cabe señalar que de este tiempo, seis corresponden a cargos de elección popular: presidente municipal de Corregidora de 2006 a 2009 y diputado local del 2012 al 2015, cuando formó parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
Al respecto, la Ley de los Trabajadores no es clara en cuanto a si pueden sumarse los años en cargos de elección popular a los años laborados como funcionarios públicos, ya que el artículo 50 dice que sí pero en aquellos casos en los que un servidor público pida licencia a su cargo común para tomar uno de elección popular.
“[Al reintegrarse tras su encargo] volverá a ocupar su puesto en el escalafón, con la antigüedad respectiva, es decir, la que tenía más la que haya transcurrido en el puesto de confianza, de elección popular o interinato en otra plaza”, precisa el artículo.
La Ley de los Trabajadores no fija un límite a las pensiones por vejez y viudez, pero sí a las jubilaciones por años de servicio, las cuales son de 42 mil pesos desde diciembre de 2015, para evitar casos como los de dos diputados locales que en ese año salieron con una jubilación de más de 80 mil pesos.