Dos trabajadores del Poder Ejecutivo de Querétaro tienen un procedimiento de responsabilidad abierto en el Tribunal de Justicia Administrativa, esto por faltas graves en el desempeño de sus funciones, remarcó Oscar García González, secretario de la Contraloría en la entidad.
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El funcionario estatal remarcó que el caso más reciente ocurrió la semana pasada, cuando se detectó que una persona de la Secretaría de Cultura alteró listas de asistencia para obtener un bono de puntualidad; esta persona renunció a su trabajo, subrayó García González.
“Hizo falsificación de firmas para obtener un beneficio indebido. Estas faltas tendrán que ser sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Si se comprueba la falta, automáticamente daremos vista a Fiscalía Anticorrupción por la probable comisión de un delito”, abundó.
La otra persona, de una dependencia no especificada, manejó en estado inconveniente un vehículo oficial, con el cual tuvo un accidente. Ambas personas, que cometieron faltas graves, tienen la oportunidad de declarar ante el Tribunal lo que a su derecho convenga.
En el caso de quien falsificó firmas, reintegró los bonos que le habían sido otorgados, por lo que su conducta no representa en este momento un daño al erario público.
Este año se han iniciado mil 338 investigaciones administrativas al interior de las dependencias centrales y paraestatales del Poder Ejecutivo, de las cuales 574 ya han llegado a una resolución. “De estas 574 no existieron elementos para dar lugar a la siguiente fase y tenemos en trámite 764 investigaciones”.
El contralor recordó que las faltas que se registran son un “catálogo extenso” que va de mal comportamiento del servidor público, no hacer uso correcto de vehículos oficiales, no recibir a tiempo recomendaciones de derechos humanos, no presentar declaraciones, entre otras.