A un año de que entró en vigor la nueva legislación en materia de subcontratación u outsourcing en México, que supuestamente prohibía la subcontratación de personal, es mentira que esta práctica se haya prohibido completamente, si no que cambió de nombre y ahora se realiza bajo otra modalidad, aseguró Abigail Quiroz, presidenta de la Fundación Trabajo Digno de Querétaro.
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En entrevista para Vía.Tres, la especialista en materia laboral explicó que, si bien esta reforma sí dejó un impacto positivo para aquellos trabajadores que fueron integrados a la plantilla laboral de muchas empresas que los tenían como subcontratados, el impacto no se dio en la medida en que se esperaba, ya que ley “dejó un espacio muy amplio para seguir subcontratando”.
“Digamos que el impacto positivo sí lo hay, no en la medida en que se buscaba porque la ley dejó un espacio muy amplio para seguir subcontratando (…) dice se prohíbe la subcontratación de trabajadores, así, tajante; y en un artículo más abajo señala que se permite la subcontratación de obras y de servicios y ¿quién va a desempeñar esas obras y servicios?, pues los mismos trabajadores”, expuso.
Respecto al impacto que ha tenido la implementación de esta reforma, Abigail Quiroz descartó que exista una estadística que mida este indicador de manera real, pues los trabajadores subcontratados sí se encontraban registrados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) pero no contaban con los mismos beneficios que aquellos que eran contratados directamente por la empresa, por lo que el impacto se verá con el tiempo directamente en los ingresos y calidad del empleo.
“Ese es uno de los derechos más importantes que violenta la subcontratación, que yo tengo en la empresa a un trabajador de primera clase y tengo a otro como de segunda clase; porque el primero sí está reconocido como mi trabajador, tiene todas las prestaciones, sí hay contrato colectivo, tiene incentivos y el otro no, tiene apenas el sueldo mínimo, no tiene incentivos, no tiene bono, uniforme o un gafete que lo identifique como mi trabajador”, abundó.
Aunque reconoció que la reforma fue positiva porque puso más candados a la subcontratación, negó categóricamente que haya eliminado esta práctica como se ha dicho.
“Es una mentira que la eliminó, es una total mentira, la cambió de nombre, pero no la eliminó. Antes se podía subcontratar a diestra y siniestra, ahora ya no se puede subcontratar cuando se trata de la misma actividad principal de la empresa, se subcontrata todo lo que no sea parte de la actividad principal”, aseveró.
En contraposición la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, Luisa María Alcalde, consideró que se va a avanzando favorablemente en materia de justicia laboral en el estado, pues señaló que a la fecha poco más de 100 mil trabajadores en Querétaro han sido reconocidos por su patrón real y han dejado de ser subcontratados, aunque no especificó cuántos faltan por hacerlo.
“Prácticamente estamos en el aniversario y los resultados son buenos. Hemos venido avanzando mucho en el país, tres millones de trabajadores que estaban en el esquema de subcontratación han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores; los datos de Querétaro son de 100 mil personas que han salido del esquema de subcontratación y han sido reconocidos por las verdaderas empresas que generan la utilidad”, comentó.
En este sentido, precisó que se ha “dado un salto gigantesco” en el pago de utilidades, prestación que incrementó en 109% de un año a otro, lo que representa 100 mil millones de pesos adicionales en pago, así como que el salario promedio de los trabajadores que dejaron la subcontratación aumentó en 23%.
Detalló que de los 100 mil 453 trabajadores que dejaron la subcontratación, 24 mil 275 eran trabajadores de otras entidades que migraron a empresas en Querétaro con todas las prestaciones, mientras que 76 mil 178 son trabajadores que permanecen en empresas del estado ya contratados directamente.
“Pero también hay que decir que hay sectores donde todavía persisten estas prácticas y estamos haciendo operativos precisamente para Iniciar un proceso sancionador que nos permita que no exista impunidad, pero, sí decir que ha habido un cambio rotundo. Solamente las cifras de tres millones dan cuenta de ello”, concluyó.