El hecho de que en Querétaro haya personas en prisión preventiva oficiosa sin sentencia no es algo “malo”, pues la ley les da todos los mecanismos para defenderse y ampararse si así lo desean, justificó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJ).
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Según el Índice de Estado de Derecho en México 2022, publicado por el World Justice Project, Querétaro tiene una Justicia Civil expedita con una evaluación de 0.30 sobre 1, lo que le coloca justo en la media nacional. Dicho indicador está relacionado con la eficiencia y duración de los procedimientos penales, teniendo mejor calificación las entidades donde los procedimientos son cortos y efectivos. Otro indicador, Justicia Civil de calidad, obtuvo 0.37, también por debajo de la media.
En resumen, las puntuaciones más bajas las obtuvo en ausencia de corrupción en el Poder Legislativo, en procedimientos administrativos eficientes e investigación penal eficaz.
“Tenemos que esperar el proceso hasta que llegue la sentencia y un imputado tiene derecho a interponer apelaciones, amparos o lo que proceda. Por causas imputables al juzgado, a los jueces de oralidad no hay casos retrasados”, remarcó la titular del Poder Judicial en Querétaro.
Asimismo, Ponce Villa indicó que la entidad es reconocida porque los procedimientos contra las personas duran menos de un año y que los resultados que se reflejan en el Índice de Estado de Derecho obedecen más a cuestiones metodológicas.
“Ellos miden a partir de sentencias condenatorias. Nosotros mostramos cómo hay casos que tienen índices altos, pero están en proceso. Dicen ‘mientras no haya sentencia no hay resultado’, pero sí han sido judicializados los casos”, abundó la magistrada presidenta.
Según datos publicados por Vía.Tres en agosto pasado, una de cada cuatro personas en prisión se encuentra sin sentencia. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, siete de cada 10 imputados obtienen sentencia en menos de un año.
Finalmente, cabe recordar que en términos generales, el World Justice Project da a Querétaro una calificación de 0.49 sobre 1, es decir, no alcanzó ni la mitad de la valoración máxima. Aun así, la entidad es el primer lugar nacional en el Índice de Estado de Derecho.