En Querétaro el 87.2% de los casos conocidos por la autoridad quedaron impunes; es decir, que faltó atención, investigación y/o resolución, ya sea porque no se logró un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia.
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De acuerdo con el Índice de Impunidad Estatal 2021, la novena edición del reporte Hallazgos de México Evalúa, la entidad se ubicó en el séptimo lugar en el país con el nivel más bajo de impunidad, por debajo de la media nacional de 91.8%.
Por tipo de delito, destaca que en cuanto a secuestros el 100% de los casos se encuentra impunes; en violaciones, el 79.2% de los casos; en feminicidios, un 66.7% de impunidad; en el rubro de homicidios dolosos, el 78.2%; en extorsiones, el 96.4%; en violencia familiar, el 64.3%; en robo simple hubo impunidad en el 99.7% de los casos; por el contrario, en narcomenudeo se encuentra el indicador de impunidad más bajo, con el 12.3%, mientras que en materia de desapariciones aparece un N/A en el estado.
“El objetivo principal de estas mediciones es contar con una fotografía más clara sobre la respuesta del sistema penal a los crímenes que conoce, así como permitir un abordaje más profundo de los retos que prevalecen. Esto permitirá identificar prácticas que están logrando descongestionar el sistema o bien aquellas que pueden estar pervirtiendo el uso de la justicia”, señala el informe.
La entidad con el nivel más bajo de impunidad fue Yucatán con 69.5%; le siguió Baja California, con 79.2%; Chiapas, con 79.5%; Michoacán, con 80.3%; Guanajuato, con 80.3%, y Sonora, con 83.5%.
Por el contrario, los que mayores niveles de impunidad registraron fueron la Ciudad de México con 98%, Aguascalientes con 97.1%, Baja California Sur con 97.1%, Guerrero con 97%, Chihuahua con 96.9%, Jalisco con 95.4%, entre otros.
Pese a los indicadores, el reporte señala que Querétaro es uno de los pocos estados (junto con Nuevo León y Coahuila), que cuentan con mecanismos efectivos de coordinación técnica que articulen y orienten una planeación interinstitucional.
También se precisa que, en el estado, en el 59.5% de los casos en donde los jueces de control han dictado prisión preventiva, lo han hecho de manera oficiosa y sólo en el 40.5% de los casos lo han justificado.
Aunque en la narrativa se alude al uso de la medida cautelar para casos de delitos considerados como graves, a nivel nacional, lo cierto es que tres de cada 10 personas son investigadas por robo y uno de cada 10 por violencia familiar, narcomenudeo y homicidio.
Asimismo, el informe señala el debilitamiento de las instancias y servicios enfocados en la protección de víctimas a través de la asesoría jurídica que prestan las áreas de atención a víctimas a través de las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas en esencial para garantizar los derechos constitucionales de las víctimas desde el inicio de la investigación.
“Es difícil sostener un desempeño adecuado cuando los asesores enfrentan una sobrecarga de trabajo. En Querétaro, cada persona asesora representa a 978 personas en situación de víctima, en Sonora a 546, en Durango a 418 y en Nuevo León a 410”, destaca el informe.
En el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal se analizó lo que se hace en cada entidad para la construcción de condicionantes de la operación que faciliten la operación del sistema de justicia penal. Querétaro se ubicó en primer lugar con el puntaje más alto de mil 12 puntos, seguido por Nuevo León con 924, Coahuila con 918 y Chihuahua con 767.