A través de un padrón de pacientes y la supervisión de tratamientos por parte del Centro Estatal de Salud Mental (Cesam), entre otras acciones, el gobierno de Puebla busca regular los 42 centros conocidos como anexos que tiene registrados la Secretaría de Salud.
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El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de Salud para tener un mayor control de estos centros de rehabilitación de adicciones y evitar que operen en la ilegalidad.
Entre los cambios que plantea la propuesta está un registro de pacientes, así como de los responsables de los sitios, además de un mecanismo para evitar que delincuentes se apoderen de estos lugares y los dirijan profesionales en la materia.
Se propone además modificar el artículo 258 Bis del Código Penal con la finalidad de imponer una pena de dos a cuatro años de prisión a los infractores, así como una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de cuatro mil 811 a 19 mil 244 pesos.
El titular del Poder Ejecutivo refirió que habrá tratamientos de rehabilitación para los internos, los cuales serán supervisados por especialistas, con el fin de que sean centros contra las adicciones seguros y transparentes.
"Estos operan en una línea muy delgada entre la rehabilitación y la violación de la libertad de personas", denunció.
En entrevista para Vía.Tres, el adictólogo, Luis Morales consideró que es positivo que las autoridades se preocupen por esta situación; sin embargo, opina que para concretar la propuesta es necesario aumentar el presupuesto de la dependencia involucrada, en este caso la Secretaría de Salud.
"En casos psiquiátricos, de padecimientos duales o de pacientes que requieran medicamentos, se torna complejo que estas instituciones puedan suministrar; se necesita de un equipo robusto de médicos, psicólogos, psiquiatras y muchas veces la capacidad económica para hacerse de estos recursos es nula o escasa”, argumentó.
“Me parece una buena intención de la autoridad regular todo esto, pero veo con poca fe el que se logre si no modifican cosas básicas como el presupuesto a la salud mental y que desafortunadamente en los últimos años en vez de aumentar ha sido disminuido”
Luis Morales, adictólogo
Advirtió que, si no se modifica la ley y no se proporcionan los medios presupuestales, estos sitios no tendrán las herramientas para trabajar y dar un trato digno a los pacientes.
Indicó que no pueden satanizarse este tipo de lugares, pues surgieron a raíz de la incapacidad de los gobiernos para atender este problema de salud pública.
Este año, el gobierno de Puebla destinó un presupuesto anual de 14 mil millones de pesos, de los cuales tres mil millones de pesos están dirigidos a programas de salud mental.