El tianguis de San Isidro Castillotla, en la ciudad de Puebla, se ha convertido en un punto de venta ilegal de medicinas controladas para padecimientos como la diabetes y la hipertensión.
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En un recorrido realizado por Vía.Tres, se pudo observar que en este tianguis, que se instala los fines de semana, se comercializan medicamentos que cuestan entre 600 y mil 500 pesos en farmacias particulares, pero en este lugar se pueden adquirir casi a mitad de precio, entre 300 y 800 pesos.
Sin regulación de las autoridades, fármacos como el Janumet, medicamento que sirve para reducir los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo 2, o bien el Redotex que ayuda a disminuir la frecuencia cardiaca e inhibir los reflejos de secreción salival y gástrica, se pueden adquirir sin receta médica.
Debido a que en el sector Salud no hay reportes de robos masivos recientes de medicamentos, se sospecha de robo “hormiga” en las farmacias de clínicas; un modus operandi que se sabe que existe, pero que no se investiga por falta de denuncias.
Entre los trabajadores de clínicas y hospitales se ha registrado la falsa expedición de recetas de los médicos para obtener medicamentos controlados que son costosos y tienen alta demanda, mismos que posteriormente se comercializan en el mercado negro, como es este tianguis.
El último robo masivo de medicinas ocurrió en julio del 2021 en la Unidad de Medicina Familiar 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la colonia Amalucan, donde se sustrajeron medicinas para diferentes padecimientos con un valor superior al millón de pesos.
En respuesta a esta problemática, en el Congreso del estado existe una iniciativa para reformar la fracción XXV y adicionar la fracción XXV bis al artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla, para que sea agravante al delito de robo el de bienes e insumos médicos y/o medicamentos.
Se propone que si el ilícito es cometido por un servidor público o personal médico, o sobre bienes del Estado, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, las sanciones se incrementen hasta el doble, además de la inhabilitación hasta por diez años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el sector público al responsable.
Además, prevé otras penas que van de uno a nueve años de prisión y de 500 a mil veces el valor de la unidad de medida y actualización.