A pesar de que el 95% de los policías del estado de Puebla están certificados, seis de cada 10 ciudadanos desconfían del desempeño de los uniformados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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El director de la Facultad de Ciencias Políticas y de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), Valente Tallabs González, dijo que el mismo estudio reveló que los elementos del Ejército Mexicano, seguidos de los de la Guardia Nacional, son los de mayor aceptación entre la ciudadanía.
A diferencia de la formación militar, las corporaciones estatal y municipales deben cumplir con cursos de formación en academias de policías no mayor a un año y los únicos requisitos son tener entre 18 a 40 años de edad, certificado de bachillerato, cartilla de servicio militar, licencia de conducir vigente, constancia de antecedentes no penales, y constancia de no habilitación, además de acreditar el examen de control y confianza.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al corte de mayo del 2022, de un universo de 13 mil 771 elementos tanto de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado y del Municipio de Puebla, así como de los que se encargan de la Procuración de Justicia y de los Centros de Reinserción Social, el 95% de los evaluados aprobó sus evaluaciones, un 4% reprobó y está pendiente de resultados el 1%.
Aunque Puebla se encuentra entre las cinco entidades del país con el mayor número de policías con pruebas de confianza aprobadas, no ha sido suficiente para mejorar la percepción que tienen los poblanos de los encargados de la seguridad.
Al respecto, el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamérica en Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, consideró que la población aún percibe actos deshonestos por parte de policías.
"Se debe contratar a personas que sean especialistas en defensa policial porque en pasadas gestiones han contratado a gente que no tiene especialidad en el tema", precisó.
Por último, recomendó a los gobiernos implementar políticas públicas para incrementar la confianza de la ciudadanía con los encargados de la seguridad.