Solo una instancia de gobierno ha cumplido con una de las once recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, de enero a mayo del 2022.
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Se trata de la que se impuso al presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, por la vulneración al derecho humano a la seguridad jurídica y acceso al agua.
La querella fue interpuesta por una persona agraviada que no contaba con el servicio de agua potable desde el 28 de septiembre de 2021, esto por una decisión del Comité de Agua Potable de Santa Ana Teloxtoc.
Por ello, la CDH instruyó que se reinstalara de inmediato el servicio de agua potable a la víctima y urgió a que la Contraloría municipal iniciara un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa por el hecho; además, que se brindaran a los servidores del Ayuntamiento capacitaciones de respeto y protección de los derechos humanos. Esta recomendación aparece ya bajo el estatus de “cumplida”.
Las 10 instancias de gobierno con recomendaciones han sido omisas en cumplir con sus obligaciones de reparación del daño o en trabajar para impedir que se repitan futuras violaciones a los derechos humanos.
Las once recomendaciones emitidas por la CDH Puebla involucran a 13 servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, entre los que se encuentran la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón; el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal; el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Secretaría de Salud.
Un ejemplo de los casos por los que se han emitido recomendaciones es el de negligencia médica ocurrida en el hospital General de Izúcar de Matamoros, en la que una menor de edad sufrió quemaduras de tercer grado en estómago, pierna derecha y rostro, a causa de una falla eléctrica. La querella fue presentada hacia la Secretaría de Salud y la Dirección General de Salud del Estado de Puebla.
Por este hecho, la CDH instruyó la reparación del daño a las víctimas, atención médica y psicológica, así como emitir una circular dirigida al personal médico y administrativo de los hospitales a fin de prevenir posibles fuentes de incendio. No obstante, esta recomendación se mantiene en estatus de “seguimiento”.
Un caso similar fue el de la recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por el hallazgo del cuerpo de un bebé de nombre Tadeo en el Cereso de Puebla ocurrido en enero de 2022. Al ingresar una visita al centro penitenciario para su reunión con un reo, llevaba consigo una bolsa negra que no fue revisada por el personal de seguridad.
“La CDH Puebla estimó que existió una violación a derechos humanos análoga a la anterior, en detrimento de la totalidad de las personas privadas de la libertad que habitan en el CERESO de Puebla, esto en el entendido de que las autoridades penitenciarias incumplen con los parámetros más esenciales de sus funciones, que se centran en resguardar la seguridad de las instalaciones para preservar la paz, la tranquilidad y la integridad de las personas”, sostuvo la CDH en su recomendación.
En el caso de la FGE se le hizo un señalamiento por la vulneración al derecho humano a la privación de la libertad y las “Reglas Nelson Mandela”.
En el expediente 629/2020 se acreditó que una víctima fue privada de su libertad cuando un vehículo se detuvo junto, descendieron cinco sujetos con armas cortas y largas y se llevaron a la víctima, misma que fue trasladada a la procuraduría; posteriormente, fue llevada a otra ubicación no oficial, en donde fue golpeada y torturada por policías judiciales durante varios días.
La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, fue señalada porque elementos de la policía municipal, como parte del operativo “conduce sin alcohol”, detuvieron a cuatro personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público local por el delito de resistencia de particulares y daño en propiedad ajena, y un quinto agraviado por el delito de corrupción de menores, sin elementos de prueba.
De igual forma, el alcalde de Huauchinango, Rogelio López Ángulo, recibió el expediente 6997-2018 donde se acreditó que la persona encargada de dar mantenimiento y otorgar los lugares de sepultura en el panteón “Colinas de la Paz”, autorizó inhumar a una cuerpo sin verificar si el lote involucrado se encontraba “abandonado” o tenía algún propietario.
Es cierto que no se establecen plazos para el cumplimiento de estas recomendaciones, en el supuesto de que la autoridad señalada como responsable no acepte la medida, pero a cambio deberá justificar la razón de su negativa.
Además, se podrá solicitar una comparecencia ante el Senado o al Congreso a los titulares a quienes fue dirigida la querella, según las últimas reformas constitucionales de junio de 2011.