A pesar de que el Ministerio Público estaba obligado a investigar las denuncias por abuso que pesaban desde hace varios años contra Javier López Zavala, tanto la Fiscalía General del estado, de Gilberto Higuera Bernal, y la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, de Adolfo Karam Beltrán, fueron omisas al no proceder contra Javier López Zavala, presunto feminicida de la abogada y activista Cecilia Monzón.
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El excandidato a la gubernatura de Puebla, actualmente privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, fue acusado desde hace dos años por violencia familiar por parte de Evainet Méndez Pérez, quien fuera su pareja sentimental durante 20 años y con quien procreó tres hijas.
Recientemente trascendió un video, que data del 2021, donde Méndez Pérez acusó tener más de un año sin respuesta de la FGE para atender su denuncia.
En esa declaración, la mujer acusó al político de ser una persona violenta, por lo que advirtió se sentía en riesgo y temía por su integridad y la de sus hijas. Señaló que buscó apoyo de las autoridades pero no obtuvo respuesta, incluso pese a presentar evidencias de golpes y abuso físico.
Otra de las denuncias fue la de Cecilia Monzón, quien acusó al exfuncionario de abandono e impago de la pensión alimenticia de su menor hijo, denuncia que tampoco había prosperado.
La propia Cecilia denunció de manera pública, justo una semana antes de su asesinato, que de nueva cuenta tenía un litigio contra Javier López Zavala, debido a que no había acatado la determinación de un juez para pagar la manutención del hijo de ambos.
Explicó que él puso a nombre de sus familiares las diferentes propiedades que tenía y sólo estaba a su nombre una que poseía en comodato con Evainet Méndez.
En esa última ocasión, Monzón aseguró que llegaría al final del caso para que el padre de su hijo cumpliera con sus obligaciones.
En ambos casos la FGE no procedió en contra del expriista, por lo que diversos colectivos una omisión de parte de dicha instancia, que se suma a la falta de atención a la petición de la abogada para tener medidas cautelares.
En 2005, López Zavala fue acusado por la periodista Lydia Cacho de ser parte de una red de explotación sexual de niñas en Puebla; en tiempos en que Adolfo Karam Beltrán era el procurador de Puebla.
En entrevista para Vía.Tres, el especialista en derecho penal Hugo Saldívar refirió que las denuncias por violencia familiar son delitos que se persiguen de oficio, es decir, que el ministerio público está obligado a investigar “sí o sí”.
“Cuando hay denuncias previas de violencia y la Fiscalía no hace caso, es decir el Ministerio Público no hace nada, entonces por inactividad se puede promover ante el Juez de Control algo que se llama Control Judicial Previo, que es un medio de defensa por el cual se solicita y se exponen en audiencias todas las inconsistencias y omisiones, para que al término de ella se pronuncie y obligue al ministerio público para que actúe” comentó.
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