Es alarmante que en el estado de Puebla funcionen más de 600 anexos o centros de rehabilitación de adicciones sin una Ley que los regule, declaró José Antonio Vicuña, director del Centro de Integración Juvenil;
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esto tras la muerte de tres internos de estos lugares en menos de un mes.
Aunado a ello, consideró que la entidad poblana carece de la infraestructura adecuada para atender el consumo de sustancias prohibidas.
Puebla únicamente cuenta con una unidad de desintoxicación ubicada en el Centro Estatal de Salud Mental, que depende de la Secretaría de Salud; el lugar tiene 25 camas y sólo aceptan a hombres mayores de 18 años, lo que es insuficiente para atender a la población que presenta problemas de adicciones, detalló Vicuña.
El especialista aseguró que los anexos son sitios no profesionales que carecen de terapeutas y médicos, que registran un hacinamiento y además utilizan medidas agresivas de control, que violan los derechos humanos de las personas.
“Un lugar de estos tiene entre 30 y 34 pacientes, incluso muchos de ellos a veces hacinados, y aceptan tanto a hombres como a mujeres, incluso menores de edad, yo he tenido pacientes que han tenido sufrimiento y mujeres violadas en este tipo de lugares, y no se hizo nada”, relató.
El pasado 17 de mayo, una mujer aparentemente se quitó la vida al interior del Centro de Rehabilitación Verdad y Vida, ubicado en la diagonal Defensores de la República a la altura de la 26 Poniente; un día después un hombre de 34 años de edad murió de un paro cardiaco en el Grupo AA en San Miguel Hueyotlipan, en la 19 norte y 36 poniente. Finalmente, el 27 del presente mes, falleció otro hombre de entre 30 y 35 años de edad en un anexo de la colonia Granjas del Sur.
Ante la iniciativa que trabaja el Gobierno del Estado para la regularización de los anexos, Vicuña urgió vigilar estos lugares y sugirió que es necesario implementar capacitación integral y supervisión continua; de no apegarse a los lineamientos, éstos deberían ser clausurados.
“Entonces debe de tener mínimo toda esa parte involucrada y darle el acceso a la supervisión continua para saber que están funcionando correctamente este tipo de lugares”, dijo.
Familiares de internos afirmaron que en estos lugares más allá de la rehabilitación predominan los abusos.
Revelaron que en estas “granjas”, como popularmente se conocen, se aplican castigos que van desde hincarlos en corcholatas si no obedecen, bañarlos con agua fría, golpearlos con látigos o hasta abusos sexuales a mujeres.