La Red Puebla de Periodistas solicitó protección con carácter de “urgente” para Miryam Vargas, periodista de Tlaxcalancingo, junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula, luego de que recientemente ha sufrido diversos allanamientos en su domicilio.
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La organización dirigió una carta a la Secretaría de Gobernación del estado, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, así como a la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla para garantizar la integridad de la comunicadora.
Sin embargo, hasta este momento, la afectada señaló que sólo ha recibido respuesta del gobierno federal, que instruyó a policías estatales a vigilar su domicilio; pero indicó que aún no recibe ayuda por parte del gobierno estatal.
De acuerdo con la también activista, estos allanamientos estarían relacionados con el movimiento social que encabeza por el desalojo de la Casa de los Pueblos Atlepelmecalli.
Aseguró que también puede obedecer a la consulta ciudadana que ha impulsado su pareja para que los habitantes de Santa María Zacatepec, junta auxiliar del municipio de Juan C. Bonilla, elijan a sus autoridades bajo el esquema de usos y costumbres.
“Al final creo que todas y todos somos libres de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, así como a defender nuestros derechos desde lo legal, es lo mínimo que esperaríamos, que se respete ese trabajo que realizamos”, expresó.
La defensora social narró para Vía.Tres que la noche del 9 de abril, personas desconocidas ingresaron a su domicilio por una reja donde habían entrado por primera ocasión, quitaron maderas y una estructura metálica que habían colocado en el lugar.
Los invasores sustrajeron un cuchillo, la bomba de pozo y un tanque de gas. En una segunda ocasión, se llevaron papeles de un librero y una mochila de su pareja, el activista Juan Carlos Flores Solís, y dejaron abiertos cajones de ropa y anaqueles de cocina.
También dejaron un CPU de computadora en la mitad de la sala y gafetes de coberturas políticas de Miryam en el patio de enfrente, cerca de un hoyo que utilizaron para ingresar por la fuerza.
De acuerdo con la comunicadora, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) “no realizó diligencias ante esta denuncia, por lo que me vi en la necesidad de interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
“Lo que vivimos ahora mi compañero Juan Carlos Flores. Es parte de esta cadena de violencia y de abusos del poder económico y político contra quienes no estamos de acuerdo en las formas con las que están queriendo imponer decisiones sobre los territorios”, comentó.
Ante el peligro en el que se encuentra la activista y su familia, la organización de periodistas solicita “se brinden, a la brevedad posible, las medidas de seguridad, que se coloquen cámaras de seguridad en la parte externa del domicilio y se haga un reconocimiento público a la labor, tanto de Miryam Vargas como de Juan Carlos Flores”.
Esta casa editorial dio cuenta, en febrero pasado, de la instalación de la Comisión para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de garantizar el trabajo libre y pleno de los representantes de los medios de comunicación; sin embargo, y aunque en ese momento arrancó actividades sin marco jurídico y presupuesto, hoy tiene el reto de defender y apoyar a la periodista poblana.