En el estado de Puebla se instaló esta semana la Comisión para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para garantizar el trabajo libre y pleno de los representantes de los medios de comunicación; sin embargo, actualmente el organismo carece de marco jurídico y presupuesto para iniciar su operación.
En el 2020, la exdiputada Bárbara Morán Añorve presentó una iniciativa de ley que pretendía garantizar que el ejercicio del periodismo sea en condiciones de respeto, seguridad y libertad; sin embargo, ésta no fue discutida en el Congreso, por lo que la entidad aún carece de una ley que prohíba la censura y proteja a los comunicadores.
La comisión que se instaló la tarde del martes 8 de febrero tendrá como presidenta ejecutiva a la secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, y estará integrada por los periodistas Leticia García Polo, Álvaro Ramírez Velasco y Jorge Luis Castillo Loyo; el objetivo es apoyar a periodistas víctimas de agresiones, así como monitorear riesgos e impulsar la implementación de medidas urgentes de protección cuando se detecten situaciones de riesgo.
El presidente de la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla (ASPEC), Valentín Paredes, celebró la constitución del organismo, pero afirmó se debe continuar en la lucha por una ley que proteja a los comunicadores.
Destacó que la ASPEC ha tenido algunas participaciones en torno a este tema en el Senado de la República, por lo que espera que las problemáticas que enfrenta el sector en Puebla sean tratadas también en el Congreso del Estado.
"Celebramos que se hayan conformado este tipo de comisiones, todo suma en cuanto a la protección del gremio, pero ojalá se pueda reforzar el tema legislativo, que no solamente queden las buenas intenciones de hacer las cosas, sino que también los diputados hagan su parte", declaró Paredes.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla A.C. (AMPEP), Leticia García Polo, quien también forma parte de esta comisión, señaló que sus integrantes tienen el compromiso de representar a todos los que hacen labores periodísticas en la entidad.
En el primer encuentro de esta nueva Comisión, García Polo insistió en la necesidad de tener un manual, así como en la capacitación de los Ayuntamientos con la finalidad de que las autoridades conozcan y apliquen mecanismos de protección a periodistas.
Puebla, tercer lugar en agresiones a periodistas
De acuerdo con Artículo 19, Puebla se posicionó en el tercer lugar entre los estados con más ataques a periodistas registrados hasta el mes de agosto de 2021.
En junio de 2020, la reportera Itzel Valencia Alarid, quien laboraba en Canal 13, fue atacada junto a su compañero camarógrafo, Alejandro Rodríguez, cuando se encontraban haciendo un trabajo de investigación en la zona del Mercado de Artesanías El Parián. Los comunicadores fueron golpeados por comerciantes y la agresión quedó grabada en cámara.
Pese a los diversos videos, así como el respaldo del gremio poblano, ninguno de los agresores fue sancionado con cárcel.
En entrevista para Vía•Tres, Itzel Valencia comentó que se logró la vinculación a proceso de los cuatro involucrados, pero la jueza que llevó el caso les otorgó a dos de ellos la mediación.
La periodista explicó que, al no existir una ley o sanciones precisas por agredir a comunicadores, el delito por el que se vinculó a sus atacantes fue el de lesiones calificadas; por lo que las autoridades determinaron que no ameritaba continuar con un juicio e impusieron una reparación del daño.
Además, refirió que “por flojera el ministerio público copió y pegó la declaración” de su compañero, por lo que al repetirse el relato la jueza estuvo a punto de anular su proceso.
"Nosotros siempre quisimos seguir con el juicio, pero la jueza dijo que era un derecho de los agresores e impuso una sanción económica de acuerdo a los UMAS. Nos querían dar mil 500 pesos, finalmente fue otro monto, pero jamás quisimos aceptar esta medida; pues el dinero no soluciona nada"
Itzel Valencia, periodista
Actualmente la única restricción que tienen los atacantes es no poder salir del país por al menos ocho meses, así como la prohibición de acercarse a las víctimas.
Sin embargo, en octubre de 2020 uno de los agresores dio a conocer que se encontraba en Estados Unidos e incluso participó en un reality show en aquel país.
Valencia Alarid indicó que, tras el hecho, ambas víctimas resultaron con secuelas que, a consideración de la Fiscalía General del Estado (FGE), impedían ejercer su labor plenamente; por lo que se les ofreció apoyo psicológico.
Debido a la pandemia y al ser calificado como un hecho no tan grave, se suspendió dicho soporte que se les brindaría con las terapias.
La periodista pidió que exista mayor empatía por parte de la FGE, los ministerios públicos y elementos policiacos para abordar este tipo de casos de la mejor manera y apoyando a las víctimas.
Otro hecho violento se registró el pasado 29 de julio de 2021, cuando la reportera Cinthya Coleote y el camarógrafo Edgar Torrentera, integrantes del grupo de Imagen Televisión, se encontraban trabajando y repentinamente fueron golpeados por varios sujetos en las inmediaciones del mercado Morelos, en la capital poblana.
Cabe recordar que en la zona había policías municipales que no actuaron en defensa de los periodistas agredidos, que resultaron con consecuencias graves a causa de las lesiones ocasionadas.
Pese a que el informe de Artículo 19 indicó que en el primer semestre del año pasado se habían detectado 22 casos de agresiones, la FGE sólo cuenta con 12 carpetas de investigación en los últimos tres años.
- 2020: 1 carpeta
- 2021: 8 carpeta
- 2022: 3 carpetas
A lo anterior se suma la recomendación que el 30 de noviembre del 2021 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en la que se le pidió respetar el trabajo periodístico, así como garantizar el pleno ejercicio a la libertad de expresión.
Sobre el caso específico, se hizo referencia a las acusaciones realizadas por los medios locales “E-Consulta” y “El Popular”, que señalaron al mandatario estatal de ejercer un “proceso de hostigamiento administrativo”.