Viernes 12 de Enero de  2024
CUENTA PÚBLICA 2020

Exediles de la zona metropolitana de Puebla deben solventar más de mil 500 mdp, según informe de la Auditoría

La mayoría de los exalcaldes son de extracción morenista

Exediles de la zona metropolitana de Puebla deben solventar más de mil 500 mdp, según informe de la Auditoría.
Escrito en PUEBLA el

Al menos seis expresidentes municipales de la zona conurbada de Puebla, en su mayoría de extracción morenista, deben solventar más de mil 500 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior del Estado (ASE). 

Para el caso de la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco se le han observado más de 800 millones de pesos, pues se detectaron por lo menos 217 observaciones referente con obras públicas, apoyos sociales y adquisiciones; al respecto Rivera Vivanco dijo que sus cuentas están solventadas, por lo que consideró que existe un “golpeteo” en su contra. 

Se dijo tranquila de cualquier proceso en su contra, incluso refirió que en su momento la ASE determinó que sus cuentas estaban listas para ser aprobadas, pues no se hallaron anomalías. 

Otro municipio del área metropolitana es Amozoc que en el periodo 2018-2021 estuvo gobernado por Mario de la Rosa Romero, quien fue reelecto como edil para el periodo de 2021-2024; él tiene 27 observaciones del primero de enero al 31 de diciembre de 2020 y un gasto sin comprobar por el orden de 67 millones de pesos, los cuales se habrían gastado en servicios generales, oficios, servicios personales, materiales y suministros, y en expedientes técnicos de obra pública. 

La exalcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, también de extracción morenista, debe comprobar el gasto de 314 millones 149 mil pesos, mismos que están incluidos en las diferentes observaciones que se realizaron durante el año 2020 en rubros como apoyos sociales de la Secretaría de Bienestar, así como de obra pública. 

Pese a los señalamientos, la morenista recientemente declaró que la ASE ya tiene en revisión la documentación entregada por su administración. 

Por el municipio de Cuautlancingo, quien se desempeñaba como presidenta municipal María Guadalupe Daniel Hernández, también de Morena tendrá que rendir cuentas sobre 60 millones 602 mil 740.45 pesos que no han sido comprobados. 

Dicho monto fue gastado del primero de enero al 31 de diciembre de 2020 en servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, expedientes técnicos de obra pública por contrato, convenios, materiales y suministros. 

El exedil de San pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, presenta un gasto sin comprobar por el orden de 93.8 millones de pesos en su cuenta pública. 

Dicha administración cuenta con 43 observaciones entre las que destacan gastos en los rubros de maquinaria y equipo de construcción, materiales, accesorios y suministros médicos, útiles y equipos menores de oficina, productos químicos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, vehículos y equipo terrestre, expedientes técnicos de obra, ayudas sociales, entre otros. 

La misma ASE detectó un presunto daño patrimonial en el 2020 en el municipio de Atlixco por 217.8 millones de pesos, por parte del exedil panista Guillermo Velázquez Gutiérrez, en su cuenta pública del 2020. 

En este caso, la administración panista habría utilizado el dinero para oficios y expedientes técnicos de obra pública por contrato. 

Sobre este tema el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que cada alcalde tendrá que solventar las observaciones que tenga, pues es parte del ejercicio de rendición de cuentas.  

Refirió que las cuentas serán revisadas, así como los informes que presenta la ASE con el objetivo de que se garantice que hubo una aplicación correcta de los recursos. 

Hasta el momento la mayoría de expresidentes no han dado pronunciamiento sobre los señalamientos que tienen de parte del órgano fiscalizador, sin embargo, tienen que cumplir con el desahogo de las observaciones, de lo contrario se consideraría un daño patrimonial que tendría que ser sancionado conforme a la Ley.

 

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