Pese a que Puebla es cuna de la Ley Olimpia —su impulsora es originaria del municipio de Huauchinango—, en esta entidad persiste la violación a la intimidad sexual de las mujeres y la impunidad en este tipo de delito.
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De acuerdo con datos de Georreferenciación de Violencia de Género de la Fiscalía General del estado (FGE), del 2019 al 2021 se registraron 544 víctimas de ese ilícito, 106 en el 2019, 190 en 2020 y 248 en 2021.
Sin embargo, sólo 137 denunciaron, lo que representa el 25.18% de los casos, siendo el 91% de las denuncias presentadas por mujeres.
Recientemente fue creado en Telegram un grupo que tiene el nombre de “Pelle T3” en el que los miembros se comparten fotos y videos sexuales de mujeres poblanas, y en el que estarían inmersos 307 usuarios.
Fue por medio del perfil de Andi Martín del Campo que se reveló la existencia de este grupo que ha distribuido contenido sexual de al menos 150 mujeres poblanas.
A través de un video, Andi Martín del Campo expuso su repudio a este tipo de acciones y explicó que el grupo antes mencionado fue creado por el perfil ‘RokuBungi’.
Esta cuenta de Telegram es el primer acceso para ser parte de un “grupo VIP”, el usuario comentó que para ingresar a ese círculo se deben enviar tres fotografías de mujeres, donde se les vea el rostro y cubran ciertos requisitos (mostrar pechos o entrepierna).
Este video se volvió viral y posteriormente se identificó una cuenta de instagram bajo el nombre de sororidad poblana, mediante el cual se reportan a diferentes grupos en redes sociales que solicitan “pack” a mujeres bajo amenazas y extorsiones.
En la fotos publicadas en instagram se acusa a un grupo denominado “Cyber Attack”, el cual habría sido creado también por “RokuBungi”, ya que aparece como usuario en varias de las imágenes que se denuncian, pues a través de este perfil se extorsiona a las jóvenes que aparecen en las imágenes sexuales.
El especialista de la Escuela Libre de Derecho, Ramses Castañón Amaro consideró que la denominada Ley Olimpia es clara, sin embargo, sugirió que los delitos cibernéticos tendrían que ser competencia de autoridades federales para dar cumplimiento a todos sus efectos.
Mencionó que, a pesar de tener una ley en Puebla, el principal obstáculo que se puede tener en este tipo de casos es que la Fiscalía General del Estado (FGE) se vea rebasada porque el delito no se haya cometido en Puebla.
"La página está reportada en Puebla, pero no sabemos desde dónde están operando los que crearon el grupo, si quienes operan están en otro estado o incluso en otro país, se tendría que tener coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para abarcar todo el territorio e incluso el exterior para llevar a cabo una investigación seria".
Ramses Castañón Amaro, ELDP
Remarcó que la problemática de esos delitos es que se tienen que utilizar los convenios de colaboración entre las Fiscalías para dar seguimiento y encontrar a los responsables, por lo que sugirió se tendría que atender a nivel federal o bien de manera coordinada.
Aunado a esto, comentó que otra problemática es que las víctimas no denuncian, y en algunos casos se trata de menores de edad, por lo que se incurre en delitos mayores como la pornografía infantil.
Refirió que dentro del Capítulo Séptimo del Código Penal del Estado de Puebla se considera un delito grave divulgar, compartir, distribuir y almacenar imágenes de una persona desnuda o con contenido erótico, por cualquier medio sin su consentimiento.
Ante este escenario mencionó que la FGE puede solicitar que se cancele el grupo o página y se elimine su contenido; sin embargo, al haber estado expuesto a muchas personas la información se puede replicar y mantener.
Por último, consideró necesario que se trabaje de manera coordinada para que sean efectivas las investigaciones y se obtengan sanciones reales para los responsables.
El caso del grupo Vip surgido en Telegram llegó a la gubernatura. Este miércoles, Miguel Barbosa Huerta instruyó al Consejero Jurídico a presentar la denuncia correspondiente ante la FGE para que se tengan los instrumentos legales y los mecanismos para ponerla en marcha.
“La policía cibernética tendría que hacer lo propio para hacer investigaciones. Me están diciendo que lo tienen desde ayer, pero el Consejero Jurídico presentará durante el día la denuncia correspondiente a nombre del gobierno en la Fiscalía General”, expresó el Gobernador en su conferencia de prensa.
Asimismo, instruyó a la Secretaría de Equidad Sustantiva para que presenten las denuncias correspondientes para que se dé seguimiento al caso.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, lamentó los hechos y recordó que en 2018 se presentó una iniciativa que estaba incluida en la denominada Ley Olimpia, por medio de la cual se protege a las víctimas de ciberviolencia.
Refirió que aquellos que difunden y comparten imágenes o videos en redes sociales cometen un delito, el cual les puede costar de 3 a 6 años de prisión o bien de 90 a 195 mil pesos de sanción económica.
“Nos enteramos del caso y por eso ofrecí acompañamiento a las víctimas para que denuncien y se investigue quién está siendo parte de este tipo de acciones, porque están cometiendo un delito… Hemos sido claros y apoyamos lo que dijo el gobernador de levantar las denuncias correspondientes”, dijo Escamilla.
Indicó que como diputada local mantendrá apoyo a las víctimas y aseguró que “no están solas”, al tiempo de referir que nadie debe pensar que con difundir y compartir no pasa nada.
Solicitó llegar a las últimas consecuencias y expresó que “nunca más habrá una mujer violentada de manera digital en Puebla”.
Esta ley se aprobó por el Congreso de Puebla en diciembre de 2018, y su promotora es Olimpia Coral Melo, quien desde el 2013 comenzó la lucha por tipificar como delito la difusión de imágenes, vídeos y textos de contenido sexual después de sufrir un ataque cibernético.
Hace unos 10 años surgieron estos grupos en plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram y ahora Telegram, y aunque está tipificado el delito de violación a la intimidad sexual, algunos países lo están clasificando como “amenaza porno”.
Para apoyar a víctimas de este delito, el CCSJ lanzó una campaña de acompañamiento y asesoría jurídica a mujeres poblanas para denunciar la difusión de fotografías y videos íntimos en grupos de Telegram, para ello ponen a disposición el teléfono 2223099 099.