El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría consideró que la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de Puebla tiene una oportunidad para recuperar su legitimidad con el caso del hallazgo de un bebé sin vida al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel en la capital del estado; por lo que pidió que investigue de manera independiente a las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE).
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El Instituto consideró que la CDH debe investigar estos acontecimientos con absoluta independencia, pues refirió este es un hecho que constituye una violación grave a los derechos humanos de un niño.
De este modo hicieron un llamado a las instituciones correspondientes para actuar, además de que consideran que hay fundamentos constitucionales y legales para la atracción del caso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el comunicado que emitió el Instituto se lee:
“Pedimos investigar los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos... El reglamento interno de la CNDH, en su artículo 14, establece que la facultad de atracción que le confiere el artículo 60 de su ley reglamentaria, podrá ejercerse cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulta de especial gravedad”.
La misiva critica el actuar de las autoridades, ya que incumplieron el deber especial de cuidado cuando fue hallado sin vida el menor, en un establecimiento a cargo del Estado, por lo que reprocharon las condiciones en las que está el caso.
Asimismo, solicitaron una revisión del sistema penitenciario de Puebla, pues es conocida la sobrepoblación que enfrentan los reclusorios; ante estos escenarios hicieron el llamado para no dejarse llevar por tintes políticos, sino por el contrario dar respuesta a la sociedad.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado se pronunció también sobre el tema y condenó los hechos.
En este sentido la diputada Érika Patricia Valencia exigió que la FGE garantice el acceso a la justicia y aclare el caso, además de que se dé con los responsables del crimen.
La legisladora agregó que esto es reflejo de los círculos de violencia, desigualdad y exclusión que hay en el estado.