Desde hace seis años existe una legislación que regula a los prestadores de servicio de seguridad privada en los antros en Querétaro, los cuales deben cumplir con esta reglamentación y, en caso de no ser así, la autoridad "debe meterlos en cintura", declaró el presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Bares, Centros Nocturnos y de Entretenimiento, Emilio Lugo García, quien consideró que la iniciativa ingresada por el diputado morenista Christian Orihuela, para regular a los cadeneros de los antros, es redundante.
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"Este trabajo de las medidas de seguridad viene trabajándose desde hace cinco años, con personal de seguridad registrado y si no lo cumplieron, ya la autoridad debería hacerse cargo. (...) De entrada, La Culpable ya no va a volver a abrir, es una medida y es un hecho", informó.
El representante del gremio en el estado, indicó que como empresarios buscarán el acercamiento con las autoridades y con todos los agremiados para que cumplan al 100% con todas las medidas que sean necesarias, buscando el mejoramiento en esta materia.
"Nosotros como asociación, buscamos el acercamiento de todos los agremiados, con las autoridades, para cumplir con todo al 100%. El acercamiento con todo el gremio es tener en cuenta con las medidas que son y que tengamos al personal autorizado", agregó.
Esta iniciativa, cabe señalar, fue propuesta luego de que en diciembre pasado un ciudadano estadounidense perdió la vida producto de una pelea que se suscitó con el personal de seguridad de "La Culpable", un antro ubicado en Jurica, en la capital queretana.
Este caso, se suma a otros que se han registrado en el estado donde ha existido abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad de centros nocturnos, como lo ocurrido en junio de 2022 con el influencer Aaron Mercury, quien denunció a través de sus redes sociales, la supuesta agresión por parte de personal de seguridad del antro "Pepe El Toro" ubicado en Jurica, al norte de la capital, tras presuntamente haber sustraído una botella de alcohol con valor de 10 mil pesos.
Finalmente, Lugo García descartó que hasta el momento haya habido acercamiento por parte de los legisladores con el gremio para hablar sobre lo propuesto.