El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), revisará la aplicación de los impuestos ambientales que impusieron los gobiernos estatales.
A pregunta expresa durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que solicitaría a la dependencia encabezada por Alicia Bárcena que se revise el tema del cobro de estos impuestos “verdes” a nivel estatal.
“Normalmente cuando hay un impuesto etiquetado a un daño ambiental tiene que regresarse el recurso recaudado para remediar un daño o para evitar que haya más contaminación, habría que ver cada caso en específico”, agregó la mandataria federal.
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De acuerdo con algunos reportes, serían 12 los estados del país que actualmente cobran impuestos ambientales y por los que en el 2024 habrían recaudado alrededor de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, solamente en un caso, en la entidad de Guanajuato, los recursos están etiquetados para reparar el posible impacto ambiental.
“Hay que ver en qué estados hay estos impuestos, cómo es que se cobran, qué dice la ley de ingresos o cuál es la ley que establece en cada uno de los estados la condición para cobrar este impuesto y a dónde se dirige”, detalló la presidenta Sheinbaum.
Las entidades
Querétaro, Yucatán, Nuevo León y Estado de México son algunas de las entidades en las que ya se aplica este tipo de cobros. Recientemente, San Luis Potosí se sumó a este listado que contempla recaudación por impuestos ambientales.
Los impuestos “verdes” estatales, vigentes desde 2014, incrementan la tributación que ya se realiza a nivel federal como es el caso del impuesto a los combustibles por su contenido de carbono (IEPS) y el Sistema de Comercio de Emisiones para instalaciones que emiten más de 100 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales, de acuerdo con expertos.
Especialistas ambientales han alertado que este tipo de gravámenes contemplados en esferas ya reguladas por la federación, restan competitividad a la industria local, debido a un incremento de flujos comerciales provenientes desde estados o regiones con instrumentos de precio más laxos o inexistentes.
Esto, agregan, incentiva el traslado de la producción fuera del lugar de origen para reducir costos relacionados con la política de carbono.