Con la finalidad de dar certeza jurídica en la toma ilegal de la planta ubicada en el municipio de Tula de Allende y solicitar la intervención del gobierno de Hidalgo representado por Julio Menchaca, la Cooperativa la Cruz Azul dio a conocer las diversas resoluciones para lograr la liberación del inmueble que, legalmente, posee la administración del organismo.
En conferencia de prensa, el director Jurídico de la Cooperativa, Rafael Anzures Ortiz, refirió este caso aludiendo a la "mediación" propuesta por el secretario de Gobierno del Estado, Guillermo Olivares, el pasado 7 de octubre entre la administración actual y aquellos exsocios que fueron legalmente excluidas de la institución desde hace dos años.
Notificados desde 2023, el mandatario morenista no ha dado declaraciones formales sobre su participación en la resolución de la entrega de la planta, en la que laboraban desde hace cuatro años alrededor de mil trabajadores y en la que se ha reportado la pérdida de 3 mil empleos indirectos.
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"Lejos de atender los mandatos judiciales que ya le han sido personalmente notificados por las autoridades judiciales, en este caso de la Ciudad de México y en concreto por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior Justicia, lo que está haciendo el Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo es querer poner al secuestrador en nuestra presencia y pedir que se les pague lo que quieran", declaró el director jurídico.
"Se tienen que hacer cumplir esos mandatos judiciales. Un grupo de delincuentes tiene secuestrada una de nuestras unidades industriales y el Secretario de Gobierno del Estado lo que está proponiendo es no cumplir la ley, incumplir las sentencias que ya le fueron notificadas por los propios juzgados que han resuelto estos temas", agregó.
Sustento legal
Dentro de las asambleas generales que dan fe en la disposición de los inmuebles en este pleito legal, destacan la Asamblea General Extraordinaria de la Cooperativa, fechada el 5 de abril de 2021, en la que ante notario público fueron electos los miembros integrantes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, presididos en el presente por Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Martínez Gutiérrez.
A su vez, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa, con fecha del 18 de abril de 2022, aclara que se resolvió la pérdida de la calidad de socio por exclusión de Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Ignacio Muñoz Romero, Concepción Alfredo Rangel Díaz, Humberto Guadalupe Tapia García, Sergio Rodríguez Reyes y Alfredo Valdés Rodríguez, entre otros exsocios que representan menos de una quinta parte de la cooperativa.
Los antes mencionados son un grupo afín al empresario prófugo de la justicia Guillermo "Billy" Álvarez, sobre quien pesa un proceso registrado en el expediente 748/2022 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) por actos de fraude y asociación delictuosa.
"A dichas asambleas asistieron más del 90% de los socios cooperativistas y con una mayoría de más del 80% de los presentes, por primera vez en casi 30 años, se logró que se eligieran democráticamente a las cabezas de la institución", agregó el vicepresidente de la cementera.
Previo al conflicto, en la planta de Hidalgo se elaboraba entre el 45 y el 40% de la producción total de cemento de la Cooperativa Cruz Azul en el país, consolidándose como una de las cementeras más grandes del país y Latinoamérica.
"Desde 2021, junto con 400 socios cooperativistas, acudimos a lo que es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y presentamos una denuncia que va caminando, que se ha ido integrando y que estamos seguros que pronto dará resultados", puntualizó Anzurez Ortíz.