Con el conflicto que permanece en el municipio de Tula entre los representantes legítimos de la Cooperativa Cruz Azul y la disidencia de la misma, el secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, ha mostrado su interés en ser mediador en el conflicto donde se disputan las instalaciones desde 2021; sin embargo, éste desconoce las investigaciones e instrumentos jurídicos interpuestos en los últimos años.
A inicios de mes, en la planta ubicada en la comunidad de Jasso, el político promovió una negociación entre la cooperativa, representada por Víctor Velázquez Rangel, y los disidentes dirigidos por Federico Sarabia, respectivamente, esto a pesar de existir sentencias que permitirían al primer grupo recuperar legítimamente las instalaciones.
El político ha solicitado dejar a un lado "el egoísmo y la mezquindad" para lograr un acercamiento con los agremiados; sin embargo, solamente ha realizado reuniones oficiales con el grupo que mantiene el control de las instalaciones desde hace tres años, siendo estos afines al exdirector de Cementos Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, sobre quien pesa una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, además de un congelamiento de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la emisión de una ficha roja por la Interpol en 195 países.
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“Para que un conflicto de esta naturaleza se solucione y concluya en un acuerdo para no esperar la resolución final de los tribunales debe haber disponibilidad de ambas partes”, declaró Olivares Reyna.
A pesar de lo anunciado y de existir en curso al menos cuatro diferentes recursos como amparos y sentencias para la recuperación de la planta por parte de la Cooperativa Cruz Azul, según el expediente con folio 439/2020, el político alude su interés a la premura ocasionada por la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
"Vamos a negociar, vamos a ponernos de acuerdo en los detalles, pero necesitamos que haya señales de que sí se quiere solucionar este tema antes de llegar a las resoluciones de tribunales. Ustedes seguramente están enterados de los conflictos que hay en el Poder Judicial Federal, que están en paro desde hace varios días y eso evidentemente ha retrasado muchos asuntos”, indicó el funcionario.
A dos años de la toma ilegal de la planta en la que laboraban más de 28 mil trabajadores, se han reportado pérdidas por casi 40 mil millones de pesos y el déficit de más de 30 mil toneladas de cemento.
Cronología del conflicto
Desde 2019, la Cooperativa La Cruz Azul se vio involucrada en una investigación por presunto lavado de dinero y otras irregularidades, afectando directamente al que fuera su presidente Guillermo Álvarez Cuevas.
Acéfala la cementera, nacería el grupo de trabajadores dirigidos por Víctor Velázquez, quien interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra del grupo de Federico Sarabia por presunta venta ilegal de cemento durante 2021.
En 2022, los liderados por Sarabia tomarían las instalaciones de la planta cementera en Tula de Allende, teniendo un cierre total en la producción debido al corte de suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que derivó en pérdidas económicas irreparables.
En abril de 2023, la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió sentencia inapelable para desconocer a Sarabia como presidente del Consejo de Administración; diez meses después, el Consejo Superior del Cooperativismo seleccionó por unanimidad a Velázquez Rangel como dirigente único.