Contrario a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que "en México no se tortura y no hay ya masacres, la organización Causa en Común presentó su informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023, el cual se basa en hechos que fueron reportados en 939 notas periodísticas.
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En la definición de atrocidades se consideran hechos como masacres -asesinato de tres personas o más-, la tortura, el asesinato de periodistas y el linchamiento, entre otros actos. De acuerdo con el informe de esta organización, entre enero y febrero se registraron mil 106 atrocidades, con una cifra de mil 651 víctimas.
Causa en Común registró 344 torturas y 80 masacres, todo ello en un periodo en el que se documentaron 4 mil 129 homicidios dolosos en todo el país, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El documento estableció que la tortura fue la mayor atrocidad que se cometió en el país en los dos primeros meses del año con 344 casos, y con Chihuahua como la entidad en la que se tuvieron más registros periodísticos, con 51 casos; le siguió el estado de Guerrero, con 45.
En cuanto a las masacres, se documentó que de las 80 masacres, 15 se registraron en Zacatecas y nueve más en el estado de Chihuahua.
En promedio se registraron 19 atrocidades al día en todo el país en los dos primeros meses del año, periodo en el que también se documentaron 147 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; 110 casos de mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres; así como 51 casos de calcinamiento, y 47 casos de hallazgos de fosas clandestinas.
Con ello, la cantidad de atrocidades registradas respecto a enero y febrero, pero de 2022, tuvo un incremento del 24 por ciento, pues el año pasado se reportaron 894, mientras que para este año el total fue de mil 106.
Estos datos además se vierten a unos días del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, duramente criticado por López Obrador, ya que en el documento se advirtió que miembros del Ejército Mexicano, policías municipales y oficiales gubernamentales fueron señalados por atentar contra derechos de la ciudadanía.