El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora mismo espera la resolución sobre su reforma a la Guardia Nacional, soltó la mañana del lunes en Palacio Nacional que tiene en mente hacer cambios a la Ley Minera, pero eso sí las concesiones que actualmente están otorgadas no se tocarían, aun cuando la problemática en el sector es evidente.
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“A lo mejor va a ameritar, como lo de la Comisión Federal (de Electricidad), al final hacer una propuesta para que ya no se entreguen más concesiones y también se reglamente lo de la explotación minera en las concesiones ya otorgadas, ya está reglamentado, pero que sea más estricto, para proteger a los mineros, eso puede suceder”, señaló.
El presidente hizo memoria de cuando en la época de Porfirio Díaz inició lo que llamó “el derroche de los baldíos y de las concesiones, que terminaron por entregar 120 millones de hectáreas, es decir, el 60% del territorio nacional”.
“Lo que sí quiero expresar es que los actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones, porque no quiero que se vaya a malinterpretar, o sea, los que ya tienen sus concesiones se les respetan, la política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones porque fue un exceso”, explicó.
El Gobierno Federal Mexicano no cuenta con dependencia u organismo gubernamental que pueda realizar la explotación de los recursos minerales propiedad de la Nación. La única actividad que realiza de manera directa es la de exploración a través del Servicio Geológico Mexicano.
A partir de la Ley de 1992, el Estado se sustrajo de las actividades económicas tales como la participación en la explotación de los minerales, fijando así su política económica en la materia.
Actualmente sólo obteniendo el beneficio económico de la explotación de los minerales de la Nación vía el pago de derechos e impuestos de los particulares a quienes otorga concesiones, sin los costos y cargas de la explotación.
Las concesiones como las mineras se fundamentan en el principio de protección al Estado, que conserva siempre la propiedad de esos bienes y solamente a través de la concesión permiten su apropiación y aprovechamiento.
De lo anterior se desprende que los minerales in situ son siempre del dominio directo de la Nación y sólo dan lugar a derechos personales a través de las concesiones que pueden ser revocadas o concluir al término de su vigencia.
La concesión minera se otorga sobre un espacio físico determinado denominado lote minero, definido en el artículo 12 de la Ley Minera como “sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende”.
Pero la industria ha venido en caída libre en México. En 2019 el país se ubicó en el lugar 38 del ranking mundial del índice de Atracción de Inversión y en el lugar 71 del Índice de Régimen Fiscal, cuya valoración en el aspecto fiscal incluye los impuestos personales, corporativos, de nómina, capital y otros, así como la facilidad para cumplir con las obligaciones tributarias, siendo un país con muy poco atractivo fiscal para el desarrollo e inversión en minería, lejos del porcentaje de atracción que ofrecen a los inversionistas otros países de la región: Estados Unidos con un 18%, Chile 17%; Canadá 16%; Perú 14%, y México 4%.
Sobre ese punto, López Obrador, justificó que una de las razones por las que en su gobierno se ha reducido el número de concesiones es que los interesados tienen que pagar impuestos, que antes no aportaban y por eso ahora devuelven las concesiones.
No obstante, la política fiscal sí obligaba a los concesionarios al pago del impuesto de manera directa, por estar obligados a rendir cuentas al Estado.
A eso se suma que las concesiones no tienen uno o dos años. La Ley Minera establece en su artículo 15 que la vigencia de las concesiones mineras será de 50 años prorrogables por un término igual, siempre y cuando la prórroga sea solicitada dentro de los 5 años previos al término de su vigencia y el concesionario no haya incurrido en causal alguna de cancelación.
En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión del otorgamiento de nuevos títulos mineros. Sin embargo, para ese momento las concesiones mineras sumaban una superficie total de 36.3 millones de hectáreas, 58% de ellas vigentes y el resto en trámites de suspensión o cancelación ya sea por término de vigencia, desistimiento del titular, transmisión de la titularidad o porque se encuentran en trámites de reducción, división, identificación o unificación de títulos, entre otros motivos.