APRO.- La renuncia del titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez, trae consigo graves consecuencias, como el retardo de entre tres y cinco años para continuar la indagatoria, alertó Ángela Buitrago, integrante del GIEI.
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En conferencia de prensa, acompañada de expertos y en presencia de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, así como del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, Buitrago explicó que la “consecuencia negativa” de la renuncia de Gómez Trejo al frente de la UEILCA se debe a que no sólo fue él quien dejó la institución, sino también parte de su equipo fundamental en la litigación del caso.
Tras recordar que las investigaciones de la UEILCA contaban con más de 600 tomos, admitió que el tiempo en que se tardará el equipo que suplante al de Gómez Trejo puede llevar entre “tres y cinco años” para dominar la información, y así poder realizar una investigación exhaustiva.
Resaltó que entre los fiscales que renunciaron con Gómez Trejo, está la fiscal que solicitó 83 órdenes de aprehensión al poder judicial, y que le fueron liberadas el 19 de agosto pasado, pero que después, a través de un agente del ministerio público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Penal con sede en Toluca, Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes, 16 de ellas contra militares, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería.
Buitrago puntualizó que los señalamientos contra 83 personas por parte de la UEILCA, era el resultado de un trabajo de más de dos años de investigación de esa unidad especial en coordinación con el GIEI, por lo que estaban totalmente sustentadas, tanto así que “el juez federal otorgó las órdenes de aprehensión”.
Asimismo, se presentará una prórroga de un mes para continuar con la investigación, ya que su trabajo concluía este viernes 30 de septiembre, sin embargo, señalaron que, a petición de los padres de los normalistas, continuarán en la investigación.
"El GIEI ha pedido, porque mañana termina nuestro mandato, una prórroga de un mes para poder tener una evaluación de las pruebas que se han solicitado sobre las capturas de pantalla (…) Los familiares necesitan certeza, es importante que no haya ambigüedad", dijeron.
“Hemos pedido una prórroga de un mes por las pruebas, el caso va a necesitar un mecanismo de seguimiento, los familiares lo requieren”, expresó Carlos Beristain, integrante del GIEI en conferencia de prensa.
Beristain consideró que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) necesita replantear el papel con los familiares, para que las cosas que han pasado los últimos meses no se vuelvan a repetir.