Las reformas avaladas en las cámaras de Diputados y Senadores, que otorgan el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), provocaron discrepancias entre ocho de los nueve integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su presidenta, Rosario Piedra Ibarra.
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A través de un pronunciamiento que circuló en redes sociales, los ocho consejeros se manifestaron en contra de la postura de la ombudsperson de no promover ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada militarización del país.
“En su momento aconsejamos y propusimos a la presidencia de la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lamentamos la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, refrendó.
El pasado martes la CNDH emitió el “Posicionamiento Institucional frente a las reformas aprobadas por el Senado respecto de la Guardia Nacional: la CNDH no promoverá acción de inconstitucionalidad alguna”, en el que arguyó que la emergencia de inseguridad que se vive en el país “merece una respuesta contundente” y el uso de medidas “no convencionales”.
A través de 16 páginas, la CNDH destacó que “entiende y atiende la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica las reformas, y por lo mismo, coadyuvará a garantizar la preservación del carácter civil de la Guardia Nacional y supervisará su apego a los derechos humanos, porque sin reservas ni titubeos está del lado del pueblo”.
Argumentó que, para enfrentar al crimen organizado que cuenta con capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, lo que constituye una amenaza actual y latente, se hace necesaria la actuación de la Guardia Nacional con mando militar.
El organismo a cargo de Piedra Ibarra refirió que “en el documento aprobado (por el Senado de la República) no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia”.
“En todo caso, la CNDH tiene claro que en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores”, expuso.
En este marco, refirió que la violencia puede poner en peligro la seguridad nacional, y esto llevar a la violación de los derechos humanos de todas los mexicanos.
De ahí que los ocho integrantes del Consejo Consultivo destacaron que “en lo individual y com firmes convencidos del impacto negativo que esta propuesta aprobada podrá tener en los derechos humanos”, se comprometieron “a apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y a sus consecuencias, así como a acompañar a las potenciales víctimas y personas agravadas que resulten de esta desafortunada decisión”.
El documento fue firmado por Tania Espinosa Sánchez, Bernardo Romero Vázquez, Gloria Ramírez Hernández, Ángel José Trinidad Zaldívar, Adalberto Méndez López, Jorge Alejandro Saavedra López, Georgina Diédhiou Bello y Mauricio Ignacio Ibarra Romo.