El próximo miércoles 24 de agosto se definirá la situación jurídica del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”, determinó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.
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Ello, ante la solicitud de duplicidad del plazo constitucional para presentar pruebas a su favor, interpuesta por la defensa del exprocurador.
La audiencia de vinculación o no a proceso tendrá lugar el próximo miércoles a las 08:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La Fiscalía General de la República solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, para evitar su evasión.
El juez declaró un receso solicitado por la defensa para al reanudar se determine la medida cautelar.
En la audiencia de este sábado en el Reclusorio Norte, se apuntó que el exprocurador tiene cinco domicilios, recursos económicos por 85 millones de pesos, así como relaciones personales que podrían ocasionar su fuga y evadir a la justicia.
Durante la audiencia inicial de este sábado, la Fiscalía General de la Reública (FGR) reveló que Murillo Karam tomó el control completo de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa e inventó una “verdad histórica” que primero planeó en cónclaves de altos mandos y después mediante atribuciones ilícitas.
De acuerdo a uno de los testigos que maneja la Fiscalía, en estas reuniones para planear la versión oficial, denominadas Sala de Situación Caso Ayotzinapa acudían funcionarios como Tomas Zerón de Lucio, en ese entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Murillo Karam y Omar García Harfuch, en ese entonces coordinador Estatal de la policía Federal en Guerrero y actual secretario de Seguridad Ciudadana.
Durante la imputación de delitos, la fiscal Paola Berenice Reyes señaló que en el caso de esta imputación del supuesto delito de tortura es únicamente por cuatro detenidos pertenecientes a Guerreros Unidos: Agustín García Reyes, Darío Morales Sánchez, Jonathan Osorio Cortés y Patricio Reyes Landa.
El delito de desaparición forzada es por los 43 normalistas, porque, de acuerdo con la Fiscalía, Murillo Karam contribuyó a perpetrar y ocultar el paradero de los estudiantes al alterar los escenarios con atribuciones que no le correspondían.