Mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina tuvieron responsabilidad por acción, omisión o negligencia, en el caso de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas, confirmó el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
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En este documento se acepta de manera oficial que autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas en todo momento de los movimientos de los normalistas y se conoció incluso en tiempo real el momento de la persecución, violencia y posterior desaparición.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, también confirmó la versión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto de que uno de los estudiantes era un miembro infiltrado del Ejército; reveló que se trata de Julio César López Patolzin.
El soldado López Patolzin pertenecía al 50 Batallón de Infantería de Chiplancingo y llevaba cinco años ocho meses en servicio. Fue infiltrado en 2012 a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos para informar de todo lo que acontecía: asambleas dentro de la escuela, dar seguimiento a las marchas, mítines y cualquier movimiento que los estudiantes realizaran en el estado de Guerrero o fuera de la entidad.
También tenía la tarea de detectar vínculos con grupos subversivos, de la delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y nacional.
Su mando inmediato y a quien reportaba directamente era el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 24 Batallón de Infantería.
En este informe se acusa a Macías Barbosa y a los mandos militares de la región de omisión al no cumplir con el “Protocolo para Militares Desaparecidos”, una vez que tuvieron conocimiento que entre los estudiantes desaparecidos estaba Julio César López Patolzin.
Según el subsecretario, de haberse apegado a este protocolo, que obliga a los mandos militares a implementar medidas de búsqueda, localización y rescate, posiblemente se habrían podido impedir los hechos.
Encinas Rodríguez también ratificó la versión sobre la existencia de videos tomados con drones por parte de la Secretaría de Marina, de los que aseguró encontraron registros en los archivos de la dependencia en los que participó la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar.
Así también, a través de un testigo de “identidad reservada”, se acreditó que soldados del 27 Batallón de Infantería entregaron a un grupo de los 43 normalistas al grupo criminal Guerrero Unidos.
“La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no puedo precisar quién iba al frente de los militares que se llevaron a los muchachos”
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob
Producto de estas acusaciones el titular de la Comisión consideró que hay elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe con las indagatorias contra 33 personas.
“Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevándose a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”, aseguró.
Aunque no quiso mencionar los nombres de los presuntos responsables, pues aseguró que no es su función; confió que, con la información presentada a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, se analice la información y, en su caso, se proceda a su judicialización.
Aseguró que la investigación continuará, lo mismo que la búsqueda de los cuerpos de los estudiantes desaparecidos.
Este jueves, Encinas admitió por primera vez que: “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Durante este proceso de más de tres años se ha obtenido el testimonio de 115 personas vinculadas con el caso. Además, han sido ejecutadas 26 personas que eran clave para obtener información, 14 integrantes de Guerreros Unidos, 3 familiares de Guerreros Unidos, 2 miembros del grupo criminal Gente Nueva, 7 testigos o involucrados.