El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reanudar la construcción del Tramo 5 del Tren Maya tiene que ser “fundamentado por un juez”; es decir, este recurso en sí mismo no “cancela el amparo” concedido a los ambientalistas, en tanto que la suspensión sigue vigente.
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De acuerdo con una experta en Derecho Administrativo, que pidió el anonimato por su trabajo en el servicio público, “si la suspensión definitiva está concedida para que se detenga la construcción del Tren Maya (en general), el decreto presidencial por sí mismo no autorizaría que se continúe con la construcción”.
De esta manera, “el juez debe tramitar el incidente de revocación o modificación por hecho superveniente”, estipulado en el Artículo 154 de la Ley de Amparo. De lo contrario, “la parte quejosa podría denunciar la violación a la suspensión”.
El artículo 154 de la Ley de Amparo señala: La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.
El argumento contraviene lo dicho por el primer mandatario en su conferencia matutina de este martes, cuando negó que su gobierno pudiera caer en desacato, al consignar por decreto presidencial al Tren Maya como una obra de “seguridad nacional”, por lo que consideró que no era necesario presentar este recurso ante las autoridades judiciales.
“Se estableció. No, ante los jueces no, ante los jueces se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño, eso se continúa”, dijo el mandatario.
“Pero, además, por ser un asunto de seguridad nacional, se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando”, refirió López Obrador.
De acuerdo con el gobierno federal, la semana pasada sesionó el Consejo de Seguridad Nacional, cuando se determinó que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional, con el propósito de librar las suspensiones dictadas por jueces en el Tramo 5, impugnado por las afectaciones que ésta tendrá en la selva y los ríos subterráneos, en la Península de Yucatán.