Casos de impunidad como el de Emilio Lozoya y acusaciones de corrupción en las que se han visto involucrados políticos, incluidos miembros del partido Morena, al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyeron a que México retrocediera del lugar número ocho al once en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, publicado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultoría Control Risks.
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De acuerdo con este ranking, nuestro país se ubicó en 4.25 puntos, lo que significó una disminución en la capacidad en el combate a la corrupción con respecto al 2020, cuando obtuvo 4.55; mientras que en 2019 la calificación fue de 4.65.
El estudio señala que pese a la retórica del presidente López Obrador de decir que en México “ya no hay corrupción”, la realidad es que la falta de independencia y eficacia del fiscal y los organismos anticorrupción provocaron que descendiera un 8% en la categoría de capacidad legal, lo que nos sitúa sólo por delante de Venezuela y Bolivia.
“El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha puesto en marcha, e incluso ha sufrido importantes recortes presupuestarios, como parte de las medidas de austeridad. Esto contribuyó a un descenso del 13% en la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción”, señala el documento.
La falta de transparencia tanto en los contratos públicos -durante la pandemia-, como en el manejo de los fideicomisos, “varios de los cuales han sido desmantelados y centralizados por el poder Ejecutivo”, también causaron mella en el indicador.
Solo en la categoría “sociedad civil y medios de comunicación” nuestro país salió mejor evaluado, al ocupar el quinto lugar en la región.
“A pesar de los ataques retóricos de AMLO a las ONGs, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sigue siendo fuerte, registrando más de 2 puntos por encima de la media regional, sólo detrás de Uruguay”, establece el texto.
México fue evaluado junto con 15 países de la región: Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela, todos ellos representan el 95% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina.
Nuestro país junto con Brasil, (las dos mayores economías de América Latina) experimentaron algunos de los retrocesos más grandes en combate a la corrupción de la región.
Uruguay es el que resultó mejor evaluado con una calificación de 7.80, mientras que Venezuela obtuvo el peor puntaje con 1.40.
La AS/COA consideró que no solo en México este flagelo ha ganado terreno, sino que “la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año”.
El CCC examina 14 variables agrupadas en tres categorías: Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas, y Sociedad civil y medios de comunicación.
Para su conformación analiza diversos datos y aplica una encuesta propia a los principales expertos anticorrupción de la consultoría Control Risks, del ámbito académico, la sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado.