Las recientes agresiones registradas de la Guardia Nacional a la población civil avivaron la controversia sobre la viabilidad del modelo militar en tareas de seguridad pública.
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“Estamos ante la militarización de la seguridad en el país y este es un proceso que ha llevado muchos años, no es algo que comenzara en este sexenio, al contrario, nosotros desde el Centro Prodh pensábamos que con el cambio de administración iba a desmilitarizarse la seguridad pública y nos topamos con lo contrario”, declaró para Vía.Tres Neftali Pérez Rodríguez, abogado del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El pasado miércoles 27 de abril, estudiantes de la licenciatura en Agronomía, del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, fueron atacados por miembros de la Guardia Nacional. Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, murió tras el ataque; mientras que Edith Alejandra Carrillo, de 22 años, sigue hospitalizada con lesiones graves.
Pese a que legalmente la Guardia Nacional es una institución civil, está conformada en su mayoría por elementos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
Incluso, la Unidad de Asuntos Internos de la GN está a cargo del militar en retiro David Enrique Velarde Sigüenza, quien cuenta con antecedes de actos de tortura. Es bajo la supervisión de este personaje que se analizan los presuntos actos de uso excesivo de la fuerza contra civiles.
“El pequeño grupo de policías federales que fue incorporado en la Guardia Nacional, es una minoría, 25 mil elementos; sin embargo, están siendo coaccionados para dejar la institución”, refirió el abogado.
Desde sexenios atrás, el Centro Prodh ha dado seguimiento a la militarización de la seguridad del país y, actualmente, hizo pública su preocupación por la iniciativa de reforma constitucional que daría a la Sedena la completa titularidad de la Guardia Nacional.
“Estaríamos en contra de que se incorporé la Guardia Nacional a la Sedena por los riesgos de la militarización de la seguridad pública, entre esos, que no hay un control efectivo en el uso de la fuerza, porque son instituciones históricamente opacas, no transparentan su actuar”, señaló.
Aunado ello, el Centro Prodh ha identificado que, dejar a las fuerzas castrenses la seguridad pública “en la realidad no es una medida que reduzca la violencia, al contrario, lo que vimos en los sexenios pasados con el Ejército y la Marina fue que hubo un despunte de las violaciones graves a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada”.
Hace unos días, la Guardia Nacional entregó el informe anual correspondiente al 2021 al Senado de la República; sin embargo, los legisladores no han hecho un análisis profundo del documento, a excepción de algunos como Emilio Álvarez Icaza, quien sí señaló las deficiencias de la corporación.
En este informe apuntó que hizo uso de la fuerza letal en 125 eventos; es decir, hechos en los que fallecieron 125 personas; sin embargo, sólo en uno la Unidad de Asuntos Internos de la GN determinó que hubo exceso de la fuerza.
Cabe señalar que, a través de una solicitud de información ante el INAI del Centro Prodh, la Guardia Nacional reportó que desde su creación en 2019 hasta diciembre de 2021, sus elementos se vieron involucrados en 263 eventos de uso de la fuerza letal, de los cuales sólo en un caso determinó que hubo exceso de la fuerza.
“Con esto vemos que la Guardia Nacional en realidad no está reportando los excesos, y no porque hagan un excelente trabajo, sino que están encubriendo muchas violaciones graves a los derechos humanos”, destacó Neftali Pérez.
Como parte de la solicitud presentada el 10 de marzo de 2021, el Centro Prodh sólo recibió seis de 161 reportes de uso de la fuerza excesiva, de los cuales en sólo uno la Guardia Nacional aceptó haber sobrepasado sus funciones. Una muestra clara de la opacidad que guarda esta dependencia.