En una sesión maratónica, entre gritos y la toma de la tribuna, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, en lo general y lo particular, reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, para recortar recursos al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Con 36 votos a favor y 28 en contra en la votación general, y 37 votos a favor y 19 en contra en la votación particular, los legisladores, en su mayoría de Morena, avalaron un recorte anual de 52 millones 436 mil pesos a las unidades técnicas especializadas del instituto.
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La reestructura contempla la desaparición de cinco áreas administrativas: Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos; y Unidad Técnica de Archivo, Logística y Atención a Órganos Desconcentrados.
En la iniciativa con proyecto de decreto, presentada desde el mes de febrero por el diputado Carlos Hernández Mirón de Morena, se argumenta que la desaparición de estas áreas persigue una lógica de eficiencia y evitar duplicidad de actividades, pues actualmente con la existencia de varias áreas en el Instituto se requiere de la contratación de más personal, lo cual en muchas ocasiones se refleja en ineficacia y duplicidad de actividades.
La reforma también prevé que el Instituto fusione algunas de sus comisiones: la Comisión de Asociaciones Políticas con la Comisión de Fiscalización; mientras que la Comisión de Educación Cívica y Construcción Ciudadana con la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, para crear la Comisión de Quejas.
Con estas modificaciones, se prevé que el Instituto Electoral de la Ciudad de México elimine más de 100 plazas.
El órgano electoral tendrá 90 días, a partir de su entrada en vigor, para realizar los cambios necesarios, según detalla el texto:
“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de 90 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública”.
En la discusión del dictamen, que se prolongó por 11 horas, el diputado Aníbal Cañez Morales del PAN consideró que representa un retroceso y ataca frontalmente la democracia local; por ello advirtió que será la SCJN la que se encargue de determinar su inconstitucionalidad.
En tanto, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez del PRI, afirmó que la reforma pone en peligro la democracia de la ciudad y que su grupo parlamentario apoyará siempre a las instituciones; pues “no olvidemos que los árbitros electorales cuentan con credibilidad ganada a pulso”.
Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Gabriela Quiroga Anguiano del PRD manifestaron su preocupación por la falta de garantías a los derechos laborales de 105 trabajadores, que se verán afectados con el recorte que plantea la reforma, además de que ante la falta de personal especializado tendrían que desarrollar sus labores en áreas que no les corresponden.
Por parte del grupo parlamentario del PRI, los diputados Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza y Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincidieron en que la reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, y alertaron que se trata de una estrategia a largo plazo para desaparecer los órganos electorales.
Y así lo vislumbró el diputado Hernández Mirón, al declarar que “espera que esta iniciativa que ya se aprobó, también se vaya reproduciendo en los órganos electorales de todas las entidades federativas”.
Hace un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, en la que impulsa la federalización de las elecciones para que desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales locales, es decir, aquellos institutos electorales locales que se encargan de la organización de las elecciones para designación de gobernador, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de Ayuntamientos, entre otros.