En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones de mujeres con discapacidad denunciaron que el Poder Legislativo invisibiliza sus peticiones para que los refugios de mujeres víctimas de violencia sean accesibles para quienes tienen limitaciones físicas.
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Lo anterior, porque el miércoles pasado la diputada de Morena, Beatriz Domínguez Pérez López, presentó una reserva al dictamen para reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el que se incluirían diversas disposiciones a fin de que las mujeres con discapacidad puedan tener acceso a las medidas de protección que se establecen para las víctimas de violencia.
La reserva dispone que no se asignará presupuesto adicional para la implementación de la reforma; es decir, los refugios no tendrán condiciones de accesibilidad para mujeres con discapacidad física, tal como están ahora. Sin esa infraestructura ni personal que pueda auxiliar a quienes tienen requerimientos de apoyo para su acceso a los servicios, el derecho de una vida sin violencia para las mujeres discapacitadas se limita, denuncian organizaciones.
“La eficacia de la reforma depende enteramente de los recursos que se asignen para que los funcionarios cuenten con el debido entrenamiento, de modo que puedan aplicarla de manera efectiva… Es fundamental que esos refugios y centros estén diseñados para que sean físicamente accesibles para todas las usuarias”, destaca la carta enviada a Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de diputados.
La carta está firmada por organizaciones como Mexicanas con Discapacidad, Equis Justicia para las Mujeres, Yo También y Human Rights Watch, las cuales también participaron en la creación de la iniciativa desde finales de 2019.
El Instituto Nacional de las Mujeres destaca en un estudio que el 80% de los refugios para víctimas de violencia doméstica no son íntegramente accesibles para las mujeres con discapacidad.
Además, en un informe publicado en junio de 2020, Human Rights Watch determinó que muchos de los 44 Centros de Justicia para las Mujeres, en los que se brindan servicios adicionales, no son accesibles.
“La accesibilidad implica mucho más que una rampa en el ingreso a un refugio… Las mujeres con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan apoyo para tareas esenciales, deben tener acceso igualitario a refugios y protección. En algunos casos, esto implica que los refugios les brinden ayuda para que puedan dejar al agresor”, explicó Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado sénior sobre derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch.
Ahora el dictamen, que desde 2021 ha esperado en el legislativo, volverá al Senado para su análisis con la reserva para después regresar a la Cámara de Diputados.
Mujeres con discapacidad viven 10 veces más violencia
En México, las mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad viven hasta 10 veces más violencia de género que aquellas sin discapacidad, así lo destaca la última Encuesta Nacional Sobre Discriminación (2017), realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (Inegi).
Sin embargo, Regina Tamés, subdirectora de la División de los Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, señaló que a pesar de la estrecha relación que existe entre violencia y discapacidad, no hay estudios respecto de la cantidad de mujeres que adquieren una discapacidad por motivos de violencia, el tipo de discapacidad de qué se trata, y cuáles son los requerimientos que tienen para obtener reparaciones.
En 2019 el Centro Interdisciplinario de Derechos Infancia y Parentalidad A.C. (CIDIP) desarrolló y actualizó una aplicación llamada “App Morada”, la cual ayuda a mujeres con alguna discapacidad o limitación física a identificar si viven algún tipo de violencia y a que éstas sean apoyadas en caso de ser necesario.
Para la creación de esta aplicación, se realizó un estudio con 72 participantes de 20 a 70 años, para conocer las condiciones de las mujeres con discapacidad frente a la violencia y encontraron que 100% de las participantes declaró haber vivido algún tipo de violencia en su vida.
Además, 80% señaló que no había contado con información o formación sobre género, discapacidad y violencia de género; 35% señaló que había vivido violencia emocional; 7% económica; 5% física; 4% sexual; 2% obstétrica, y 46.5% más de una de estas violencias.