Cuatro de los programas sociales emblemáticos del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen observaciones en el reporte de la Cuenta Pública 2020, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); las irregularidades suman más de mil 100 millones de pesos.
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El programa Sembrando Vida es el que concentra la mayor parte de las anomalías, por casi 900 millones de pesos; esto tras no acreditar a los beneficiarios y registrar gastos sin comprobar.
“Se observó que se otorgaron apoyos económicos ordinarios bajo la modalidad de entrega directa en efectivo a 18 mil 538 personas, por 243.8 millones de pesos, sin acreditar con los documentos de canje respectivos, que fueron entregados a la población objetivo del programa”, se apuntó en el documento ejecutivo.
Se añadió que, para Sembrando Vida, “se otorgaron apoyos económicos adicionales a 19 mil 743 sujetos de derecho, por 565.5 millones de pesos, sin proporcionar información que sustentara que los beneficiarios aplicaron los recursos en los bienes y servicios autorizados (sistemas de riego, almacenamiento de agua, adquisición de semillas, herramientas y maquinaria, entre otros)”.
Por otra parte, la auditoría señaló que “se reportaron como ejercidos 81 millones de pesos sin que se acreditara, con la documentación justificativa y comprobatoria, que se destinaron al otorgamiento de apoyos económicos a los beneficiarios sujetos de derecho, o bien, su reintegro a la Tesorería Superior de la Federación”.
En cuanto a la Pensión Universal para Adultos Mayores, la Auditoría reportó la entrega de recursos a personas fallecidas o a gente que no cubría los requisitos para obtener dicho beneficio.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, está destinada a garantizar el derecho a la protección social de la población indígena de 65 años o más de edad, así como a la población no indígena de 68 años o más.
“Se otorgaron apoyos económicos por 22.6 millones de pesos a mil 575 beneficiarios que no presentaron la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es un requisito indispensable establecido en las Reglas de Operación para acreditar el cumplimiento de la edad requerida para recibir los apoyos”, de acuerdo con la ASF.
“Con base en la comparación del padrón de beneficiarios que recibieron apoyos del programa, contra la información proporcionada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), se identificaron, en 2 mil 55 casos, pagos por 10.1 mdp a personas que fallecieron antes de recibir los
apoyos”.
Por otra parte, se otorgaron apoyos por concepto de “Pago de Marcha” a 7 mil 874 beneficiarios, “por un importe de 10.2 millones de pesos, respecto a los cuales la Secretaría del Bienestar no acreditó su procedencia mediante las actas de defunción respectivas”.
En el programa de apoyos económicos para personas en situación de emergencia, la ASF refirió que se entregó recurso a poco más de 13 mil individuos sin autorización y a más de 11 mil migrantes sin que hubiera un recibo de por medio.
El documento de la auditoría dio cuenta de que “se otorgaron apoyos económicos por 130.4 mdp a 13 mil 39 beneficiarios por conducto del Banco del Bienestar y de la Liquidadora TELECOMM, sin que se acreditara que su otorgamiento correspondiera a emergencias diferentes, o bien, a una autorización del Comité Técnico”.
Adicionalmente, “se otorgaron apoyos económicos por 28.9 mdp a 11 mil 144 beneficiarios para la atención de migrantes en la frontera sur, sin que se cuente con las constancias y los recibos de pago que sustenten su entrega”.
También se reportaron como ejercidos 7.9 mdp sin acreditar, con la Cuenta Pública 2020, sin documentación y comprobantes.
En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a personas de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian, “se observó que se realizaron pagos por 19.6 millones de pesos, a mil 315 beneficiarios del programa quienes se identificaron también como beneficiarios del programa ‘Jóvenes escribiendo el futuro’, toda vez que éstos se encontraban inscritos en una institución de educación superior del Sistema Educativo Nacional, lo cual es contrario a las Reglas de Operación del programa”.
Asimismo, se efectuaron pagos por 4.7 millones de pesos a 252 beneficiarios del programa quienes, en la base de datos de Centros de Trabajo, se identificaron como “tutores” o “representantes”, o bien, como “trabajadores” durante el mismo periodo de capacitación, “en contravención de las Reglas de Operación del programa”.
Se hicieron igualmente pagos al IMSS por 3.2 mdp correspondientes a 17 mil 283 personas que fueron beneficiadas con el servicio médico, “sin demostrar que éstas se encontraban vinculadas con un Centro de Trabajo participante del programa, además de que tampoco fueron localizadas en el padrón de beneficiarios”.