El “Plan B” de la reforma electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo indica tenía errores violatorios de la Carta Magna, no sólo ha tenido un proceso accidentado, sino que además podría incurrir en más violaciones a la Constitución en su proceso a la Cámara de Senadores y su regreso a la de Diputados.
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Si el Senado, como Cámara revisora, realiza modificaciones y correcciones a la reforma electoral de López Obrador, ésta deberá regresar a San Lázaro para votar a favor o en contra de los cambios que hagan los senadores; sin embargo, si ahí se vota con los elementos incluidos que se rescataron de la reforma electoral que primero envió el Ejecutivo, sería una falta a la ley, argumentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.
“Algunas propuestas del Plan B forman parte de la iniciativa de reforma constitucional que ya había sido rechazada en el Pleno de San Lázaro. No sólo no recordaron que los temas electorales requieren amplios consensos y legitimación”, expuso el panista.
Agregó que los de Morena “se olvidaron de todo el proceso legislativo y que la Constitución prohíbe insistir inmediatamente en propuestas previamente rechazadas”.
El artículo 72 de la Constitución prohíbe que se vuelva a presentar una iniciativa que ya había sido rechazada. Es el caso del “Plan B” de Morena, el cual contiene elementos de la iniciativa de reforma constitucional que fue desechada.
Desde el jueves por la noche se admitió la existencia de un error en la redacción del documento, mismo que fue confirmado la mañana del viernes por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reafirmando así la hechura de un plan que casi ningún legislador leyó con detenimiento y fue aprobado en un proceso fast track.
El “error” en realidad beneficia a partidos como el PT y PVEM al permitirles su existencia con un menor porcentaje de votación. Al respecto, el presidente López Obrador minimizó el hecho durante su conferencia mañanera de este 8 de diciembre.
“Es un asunto mínimo. Incluso te diría: si fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, ¿sí?, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos falsarios”, aseguró el mandatario.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó la mañana del jueves que el Senado de la República había recibido la minuta con del “Plan B” en materia electoral, pero insistió en que el documento se turnaría a las comisiones, de acuerdo con el reglamento.
“Recibimos las minutas en materia electoral; se turnarán a las comisiones competentes, de conformidad con el reglamento. Es menester que las y los senadores dispongan del tiempo suficiente para su análisis exhaustivo”, dijo a través de sus redes sociales.
Sobre este mismo tenor, Creel Miranda fue incisivo en que fueron graves las faltas en el proceso legislativo en las que incurrió Morena al presentar en “fast track” un proyecto de reforma electoral (Plan B de López Obrador), el cual “ni siquiera fue leído ni discutido, para ser votado en cuestión de horas, saltándose la discusión democrática, como ordena la Constitución”.
El panista fue claro al decir que no existía justificación para dispensar de trámites al “Plan B” luego del rechazo a la reforma constitucional pretendida por el presidente López Obrador.
El miércoles, el proceso en “fast track” pudo correr porque fue impulsado por la mayoría (Morena, PT, PVEM) y por lo tanto como presidente de la Mesa Directiva no cuenta con facultad para frenarlo, sin embargo, desde el inicio expresó que la dinámica era inconstitucional.
Lo cierto es que lo que sigue será tortuoso, pues el actual periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre, por lo que restan seis días para que la Cámara alta revise, modifique y vote la reforma electoral, y envíe nuevamente la minuta a San Lázaro.
Existe la posibilidad de que Morena, aprovechando su mayoría en el Congreso, trate de impulsar un periodo extraordinario para tratar de aprobar los cambios electorales, pues el deseo expresado por el presidente de la República es que el tema quedara aprobado antes del 15 de diciembre.
De aprobarse la iniciativa en el Senado, los panistas acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se anule lo votado por Morena y aliados.