En lo que va de este 2022 suman cinco madres pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que han sido asesinadas en diversas partes del país.
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La última víctima fue María Carmela Vázquez, de 46 años de edad, quien desde hace poco más de cuatro meses pertenecía al grupo Personas Desaparecidas en Pénjamo, fue ejecutada a tiros por dos sujetos que viajaban en motocicleta, afuera de su casa en Abasolo, Guanajuato, el pasado domingo 6 de octubre por la noche.
Su viacrucis inició el 14 de junio de este año cuando su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años de edad, desapareció en ese mismo lugar.
“Es otro cruel recordatorio de que siguen vigentes los extraordinarios e inmerecidos riesgos que afrontan las madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país”, declaró sobre esta muerte Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU Derechos Humanos.
El primer caso del año fue el de Ana Luisa Garduño Juárez, de 51 años de edad, quien recibió un ataque directo en un bar que era de su propiedad, la noche del 27 de enero en el municipio de Temixco, Morelos. Ana fue fundadora de la asociación civil Ana Karen Vive, en honor a su hija que fue asesinada presuntamente por su novio en 2012, a través de esta organización daba asesoría y acompañamiento a víctimas de feminicidio y desaparición forzada.
Aranza Ramos de 28 años de edad, fue secuestrada y asesinada el 15 de julio, en la comunidad de Ortiz, en Guaymas, Sonora, luego de que hombres la sustrajeran por la fuerza de su casa. A través del colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora, buscaba a su marido Bryan Omar Celaya desaparecido en diciembre de 2021.
El 30 de agosto Rosario Rodríguez Barraza de 44 años de edad, fue secuestrada por un comando armado en el municipio de La Cruz de Elota, Sinaloa, al salir de una misa en honor a su hijo Fernando Abixahy Ramírez, desaparecido el 16 de octubre de 2019. Un día después, Rosario fue hallada sin vida a un costado de las vías del tren de dicho municipio. Por esos días, Rosario había denunciado omisiones de la Fiscalía del Estado. Ella formaba parte del colectivo Corazones sin Justicia.
Blanca Esmeralda Gallardo, de 45 años de edad, asesinada a balazos por al menos cinco hombres a bordo de motocicletas, en el estado de Puebla el 4 de octubre. Blanca buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, desaparecida en enero de 2021. Era integrante del colectivo “A dónde van los desaparecidos”.
A pesar de que la consigna de los colectivos de búsqueda no ha sido la de llevar a la justicia a los responsables, sino principalmente encontrar a sus familiares, ahora las están matando a ellas al tener que involucrarse en las investigaciones de sus hijos, hijas y esposos, por la inacción de las autoridades de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.
Así lo consideró Cecilia Patricia Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, al tiempo de lamentar el reciente asesinato de María Carmela Vázquez.
“Lamentamos muchísimo tener que ser nosotras las familias las que estemos en la búsqueda de nuestros desaparecidos habiendo autoridades que tendrían que estarlo haciendo, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, las autoridades estatales y federales que tendrían que estar en la búsqueda de nuestros desaparecidos y en la investigación, y tener que hacerlo las madres, pues es estar poniéndonos en riesgo constantemente como ha pasado con estas compañeras que lamentablemente las han matado”, declaró para Vía Tres.
Esta falta de resultados, la adjudican los colectivos a que “en el 90 por ciento de las desapariciones están involucradas autoridades, por eso no hay ninguna investigación porque ellos son parte de esto”.
¿A qué le adjudican las abusadoras estas agresiones que han terminado con la vida de cinco mujeres tan sólo este año?
“¿A quién le preocupa lo que hacemos? A las propias autoridades, porque nosotras visibilizamos el mal gobierno, la apatía, la insensibilidad y la burocracia que con sus protocolos inhiben nuestra lucha, en lugar de apoyarnos y trabajar a la par con las madres, nos inhiben. En muchas ocasiones nos han querido detener por hacer hallazgos grandes de cuerpos, como ha sido en Jalisco, Sonora, en diferentes partes del país en donde hemos participado en búsqueda hemos tenido problemas con las autoridades. Creemos más que sea de ellos que por parte de los cárteles”, detalló Flores.
En otros casos, las familias reciben amenazas cuando se está apunto de dar con los responsables de la desaparición; sin embargo, a pesar de dar aviso a las autoridades no les han brindado apoyo, denunció la fundadora de Madres Buscadoras.
Pero a pesar del miedo, ellas no detienen las búsquedas, refirió Cecilia Flores, quien actualmente se encuentra desplazada y bajo el mecanismo de protección, dadas las amenazas que también ha recibido.
“No podemos hacer más que seguir buscando aunque sea con miedo. Tenemos que seguir luchando y buscarlos hasta encontrarlos”, refrendó.
Cecilia Flores busca a sus tres hijos: Alejandro Guadalupe desaparecido en 2015 y Marco Antonio, a quien no ve desde 2019, año en que fundó Madres Buscadoras de Sonora.