De acuerdo con fuentes periodísticas el mismo Pedro Zenteno Santaella, director del ISSSTE, impugnó el contrato asignado por Almendra Ortiz, por ser técnicamente inviable; pero al final la exmiembro de la Ayudantía logró imponerlo.
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A principios del mes de octubre Zenteno Santaella, compareció ante diputados y fue cuestionado por legisladores afines a la cuarta transformación por las constantes quejas de corrupción en el instituto.
Aunque el funcionario negó que se toleren o protejan actos ilícitos, aceptó que tiene una situación complicada debido a los múltiples servicios que se subrogaron.
“El ISSSTE quedó un cascarón, nos lo dejaron en los huesitos, subrogamos hasta el carrito de la anestesia. Se perdió la capacidad resolutiva del instituto y la instrucción del presidente de México es rescatar esa capacidad resolutiva. No podemos dejar a terceros lo que le corresponde hacer al instituto”, resaltó.
Hasta 2021 el ISSSTE contaba con mil 121 unidades a nivel nacional y en todos los niveles de atención, de ellos únicamente 588 son propios; el resto opera bajo esquemas de Asociación Público-Privada, son rentadas, están en regularización o subrogadas, según su informe financiero.
Sus ingresos en ese año fueron de 107 mil 484 millones de pesos, pero sus costos de operación ascendieron a 116 mil 294 millones, por lo que tiene un resultado negativo y se calcula que de ese monto por lo menos 65 mil millones de pesos los destina a empresas de reciente creación, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El pasado 12 de octubre, el primer mandatario ordenó no renovar 10 contratos que concluyen el próximo diciembre y la dimensión de la corrupción en la asignación de contratos es tal que el mismo López Obrador pidió a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomar el control administrativo de todos los contratos.