Los altos flujos de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica a México, que buscan llegar a los Estados Unidos, obligaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a implementar un protocolo para asegurar que niñas, niños y adolescentes, que están en esta condición, tengan asegurado el acceso a la educación.
Te podría interesar
La subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno, aseguró que “ninguna niña, niño o adolescente en situación de migración quedará excluido de su derecho a ingresar a una escuela y obtener una educación de calidad en igualdad de condiciones con las y los demás estudiantes del país”.
Al encabezar el taller para la implementación del Protocolo de Acceso a la Educación para Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración, explicó que el instrumento atiende la normativa en materia de acceso y control escolar para asegurar que los menores, en situación de migración que ingresa a territorio mexicano se inscriba en la escuela, eliminando así las barreras que actualmente lo impiden.
Este protocolo se elaboró en el marco del proyecto Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración (NNASM), en el que participan las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la cooperación alemana a través del Fondo Conjunto México-Alemania.
El director de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados (Comar), Germán Gutiérrez Gómez, aseguró que de enero a septiembre de este año, 12 mil 247 niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados, y 825 no acompañados, solicitaron el reconocimiento de condición de refugiado.
Recordó que el artículo 8 de la Ley de Migración establece que, las personas migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Por ello la Comar solicitó la capacitación a las distintas entidades que participan en la implementación de este protocolo de inclusión, a fin de que su personal conozca sus lineamientos y apoye a la población objetivo.