APRO.- La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió a México revocar la prisión preventiva oficiosa que se discute en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues viola Convenciones de las que el estado mexicano es parte, va en contra de a las garantías internacionales de derechos humanos, afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y viola el debido proceso.
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“La prisión preventiva obligatoria, también llamada oficiosa, socava la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial, al tiempo que afecta desproporcionadamente a las personas en situación de vulnerabilidad y aumenta el hacinamiento en las cárceles’’, aseguró Marta Hurtado portavoz del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
El Alto Comisionado reconoció "el proceso deliberativo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la mayoría de los magistrados señalaron que la prisión preventiva obligatoria (oficiosa) es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos’’ así como “la voluntad de buscar nuevas soluciones compatibles con los derechos humanos’’.
Miriam Estrada-Castillo, la Presidenta-Relatora del grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias coincidió en que la prisión preventiva oficiosa “es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención’’ y alertó que pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal” , consideró Estrada-Castillo.
Aseguró que anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario.
“México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años’’, instó.