En busca de mejorar la operación de los anexos, o establecimientos que ofrezcan actividades de tratamiento, atención y reinserción social en temas de adicciones, el diputado morenista Christian Orihuela presentó una iniciativa ante el Congreso de Querétaro.
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Con ello, propone reformar los artículos 18, 19, 20 y 131 de la Ley de Salud del estado, así como diversos artículos del Código Penal de Querétaro, con la intención de que se impongan sanciones de 10 a 15 años de prisión y de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien opere este tipo de centros sin apego a las norma y que, además, utilice violencia física como método.
Refirió que esta propuesta fue retomada tras lo ocurrido el pasado 17 de septiembre en El Marqués, donde una persona perdió la vida tras haber sido agredido por un hombre que se había fugado de un anexo, en Paseos del Marqués.
“Este acto se pudo haber evitado si el establecimiento hubiese cumplido con los protocolos de seguridad, así como la revisión propia del paciente, hay casos en donde los pacientes sufren maltratos y eso los hace buscar salir de estos lugares”, dijo.
El legislador precisó que con esta iniciativa se propone que la Secretaría de Salud tenga la facultad de presentar denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de este tipo de establecimientos que brinden actividades de tratamiento sin apego a las normas.
Asimismo, Orihuela Gómez planteó la necesidad de que sea competencia de los Ayuntamientos tener control de los centros atención y tratamiento de adicciones que brinden residencia; además de realizar las denuncias correspondientes ante la Secretaría de Salud para actuar contra aquellos establecimientos que operen de forma ilegal.