Luego de que Vanesa Dib sufriera una negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2018, en Querétaro, que resultó en la amputación de sus dos piernas, el organismo informó que gestiona el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a este caso.
En un comunicado, la institución señaló que investigó los hechos y determinó la procedencia administrativa, que incluye una indemnización por daño material, así como las medidas preventivas, correctivas y disciplinarias para garantizar que estos hechos no se repitan, esto de forma independiente a lo solicitado en la recomendación CNDH 118/2022, emitida en 17 de junio y aceptada por el instituto el pasado 7 de julio por el Instituto.
“Se determinó la procedencia de la queja administrativa (…) en este sentido, se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos. Por otra parte, la recomendación emitida por la CNDH (118/2022) el 17 de junio –la cual fue aceptada el 7 de julio por este Instituto– reconoce la reparación integral del daño”, se lee en el documento.
La recomendación obliga a la institución al pago de la compensación económica, atención médica y psicológica y/o psiquiátrica que sea necesaria, la dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento, el acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo, becas para sus hijos y la colaboración del Instituto con el Órgano Interno de Control en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente CNDH.
El IMSS señaló que la compensación económica prevista en la reparación integral del daño es independiente del monto que en su momento se determinó a través de la queja administrativa y que será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la autoridad facultada para determinar el monto económico de dicha medida de reparación, esto luego de que la afectada asegurara que el monto que el instituto le otorgaría es de 88 mil pesos, insuficiente para cubrir sus necesidades luego de la negligencia.
Finalmente el instituto aseguró que mantiene contacto con la derechohabiente para informarle sobre el seguimiento de su caso, las acciones que se están a realizando al respecto, el procedimiento para acceder al monto económico determinado por la queja administrativa, así como para la recomendación que emitió la CNDH.