Tras el desalojo de las personas que habitaban en La Cuadrilla de Juriquilla, en la capital queretana, el presidente de la mesa directiva de la LX Legislatura, Antonio Zapata Guerrero, consideró que esta situación debe de costarle el trabajo a los servidores públicos que permitieron el asentamiento en ese predio.
"Si ya se sabía que ese predio no era de quienes construían ahí, se pudo haber evitado el desalojo, creo que hay funcionarios que deben ser castigados y les costará el puesto por permitir que desde un inicio estas personas se asentaran ahí y saltarse protocolos sobre este tema”, afirmó.
El diputado panista aseveró que vender u otorgar predios de manera ilegal se ha convertido en un negocio, problemática que se tiene que atender debido a que afecta a quienes construyen su patrimonio en dichos asentamientos.
"Quienes se dedican a vender predios con falsas promesas provoca un daño patrimonial a quien confía en ellos, el gobierno debe de brindarle apoyo a los desalojados para que puedan adquirir una vivienda, porque se les causó la molestia y dolor por no haber actuado con anterioridad”, manifestó.
Finalmente expresó su confianza al gobierno del estado para que brinde una solución a quienes fueron desalojados, ya que, dijo, ante la ley no se podía evitar la orden judicial que avaló el desalojo.
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