Las bandas del crimen organizado han cruzado las fronteras entre Guanajuato y Querétaro; por lo que la extracción ilegal de hidrocarburos a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es desde el 2019 el tercer delito con mayor arraigo en esta entidad, sobre todo en San Juan del Río, dentro de los considerados del fuero federal.
Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que, desde el mencionado año y hasta 2021, suman 484 carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público Federal (MPF) relacionadas con este ilícito en el territorio de Querétaro.
Contra el discurso oficial que señala que Querétaro está “blindado” contra el huachicoleo y que eso era asunto de los vecinos de Guanajuato -cabe recordar que fue incluso uno de los lemas de campaña del actual gobernador Mauricio Kuri y un discurso que se ha repetido en los tres últimos sexenios- este delito ha mostrado un crecimiento exponencial.
Según datos de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (SSE), en los primeros 8 meses del 2020 Pemex tenía registradas 6 mil 739 tomas clandestinas. Los estados con mayor cantidad de tomas, de acuerdo con este reporte fueron Hidalgo, con 439 y en el quinto lugar Querétaro con 24, solo detrás de Puebla, Guanajuato y el Estado de México.
Por su cercanía con el estado de Hidalgo, donde es evidente la presencia de bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible, y por contar con grandes extensiones de pastizal y terrenos agrestes, el municipio de San Juan del Río acapara cerca del 80% de las incidencias por tomas clandestinas en la entidad.
En 2021, Querétaro ya se encontraba dentro de las primeras 14 entidades con más de 100 incidentes por estado de tomas clandestinas, proporción de incidencia alta según el SNSP.
Estos ilícitos registrados en las averiguaciones previas hechas por el MPF están relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos a ductos de Pemex, contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (LFPSDCMH).
Durante 2021 fueron 105 carpetas de investigación documentadas por el MPF en Querétaro, en el 2020 se registraron 125 y 254 en 2019. Sin embargo, a pesar del descenso en el número de carpetas por año, los delitos relacionados al robo de combustible a Pemex se encontraban en tercer lugar tanto en el año 2019 como en el 2021, sólo por debajo de delitos del fuero federal relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y la Ley de Instituciones de Crédito Inversión Fianzas y Seguros, contemplados en el Código Penal Federal (CPF).
Asimismo, en 2020 el robo de combustible se posicionó en cuarto lugar en delitos de orden federal que más se cometen en Querétaro, detrás del tráfico y posesión de armas de fuego y explosivos, ataques a las vías generales de comunicación y los fraudes bancarios.
Cabe señalar que el decreto por el que se crea la LFPSDCMH entró en vigor en el año 2016; sin embargo, fue hasta 2019 cuando se registraron las incidencias previstas en dicha ley, luego de que se hiciera una reforma para apartarlo de los delitos patrimoniales y permitir al Sistema Nacional de Seguridad Pública clasificarlo de mejor manera.
En Querétaro hay dos líneas que transportan hidrocarburos, según el Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en México 2018: el poliducto que va de las refinerías de Tula, Hidalgo, a Salamanca, Guanajuato, con 240.1 kilómetros de longitud, y el poliducto Querétaro-San Luis, con una longitud de 204.2 kilómetros.
El más importante por su volumen de transportación (30 mil barriles diarios) es el poliducto bidireccional Tula-Salamanca; en el cual se transporta gasolina y diésel principalmente.
En el estado, esta línea tiene una longitud de 120 kilómetros y pasa por los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Huimilpan y Corregidora.
En tiempos del exgobernador Francisco Domínguez Servién, Pemex no tomó en cuenta sus peticiones de implementar mayor vigilancia a los ductos.
“No quiero hacerme un lado, pero es un problema federal, no es estatal; yo he puesto todo y pongo a disposición todo lo que se necesite de las fuerzas estatales, que nos ayuden las fuerzas municipales, pero nos tiene que ayudar Pemex”, señaló Domínguez en 2018.
La vigilancia a los ductos durante la primera mitad del sexenio del anterior mandatario, en la línea Tula-Salamanca, correspondió prácticamente a las policías municipales de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Huimilpan y Corregidora.
Un sexenio antes, en el gobierno de José Calzada Rovirosa, se había solicitado a la Federación la presencia de un destacamento permanente de seguridad física de Pemex, lo cual hasta ahora ha sido también ignorado.
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puso en marcha el Plan Nacional contra el Robo de Hidrocarburos; asimismo, se implementó en la práctica con mayor intensidad la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (LFPSDCMH).
No obstante, esto no significó mayor coordinación para el combate al robo de combustibles y, por el contrario, la Federación centralizó las acciones de vigilancia mediante la presencia permanente en zonas de ductos por parte de Seguridad Física de Pemex, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Como consecuencia, ocurrió el fallecimiento de un elemento de la Guardia Nacional en el estado, en la comunidad de Santa Bárbara la Cueva, San Juan del Río, el 6 de marzo del 2020, cuando presuntos huachicoleros atacaron a balazos a los elementos federales, tras ser sorprendidos al intentar abastecer de gas una pipa mediante la extracción a un gasoducto de la zona.
En julio, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el sanjuanense Santiago Nieto Castillo, se reunió con el entonces gobernador electo, Mauricio Kuri González, para diseñar estrategias contra el robo de hidrocarburos, luego de que en mayo el panista señalara que el problema en el estado no se había solventado por el descuido de las autoridades federales.
El gobierno federal anunció en 2020 que la vigilancia a los ductos de hidrocarburos de Pemex quedaría a cargo de la Guardia Nacional e incluso, señaló que esta corporación, junto con el Ejército Mexicano, son quienes llevarán el control de las tomas clandestinas, de los aseguramientos, indicios y la consignación de detenidos a la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con el encargado de Comunicación Social de la policía municipal de San Juan del Río, Arturo Yolatl González Franco.
“Estos temas son competencia de la Guardia Nacional, es quien realiza las detenciones y pone a los detenidos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), comentó.