Durante los últimos cuatro años el delito de extorsión alcanzó sus máximos históricos en el estado de Querétaro, al promediar más de 212 casos por año, cuando hasta antes del 2018 alcanzaba un promedio anual de 42 incidentes.
Este crecimiento en las cifras del delito tiene entre sus víctimas más recurrentes a los miembros del sector empresarial, principalmente del gremio comercial y de la construcción.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Fabián Camacho Arredondo, aseguró que en los últimos años ha sido mayor la preocupación de varios socios de la cámara por estos hechos; pues, más allá del impacto emocional que pudiera tener el ser víctima del delito, se tienen costos económicos millonarios.
“Lo tenemos detectado de unos seis años a la fecha; en los que, por temporadas, los socios y consejeros de la cámara reconocen y ponen en la mesa la necesidad de actuar”, puntualizó.
Camacho Arredondo señaló que las temporadas en las que más han observado estas conductas delictivas son los periodos previos a la Semana Santa y el último trimestre del año.
“Lo que hacemos es activar la coordinación con las instancias de seguridad, quienes en un primer momento se acercan a nosotros para darnos asesoría y la orientación al gremio para saber cómo actuar en estas circunstancias; además de activar líneas de denuncia para identificar modus operandi y establecer una red gremial para estar al pendiente de ello”, agregó.
Denunció que esta conducta ha ido al alza; principalmente porque Querétaro es una entidad de desarrollo económico, donde muchas empresas incluso instalan sus matrices y corporativos; lo que resulta en oportunidad para los delincuentes.
El gremio se ha protegido con acciones como compartir información o instalar soluciones tecnológicas; que van desde softwares para identificación telefónica, capacitación y asesoría, así como paquetería para ciberseguridad, cuyo costo ronda entre los 5 y 10 mil pesos.
Sobre el caso, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Álvaro Ugalde Ríos, aseguró que los delincuentes se hacen pasar por supervisores de las autoridades para poder contactar a los constructores y extorsionarlos.
“En la llamada se presentan como grupo delictivo y se nos dice que ya nos detectaron, que conocen las obras que estamos realizando y las oficinas donde estamos para después pasar a la extorsión. Aquí lo más recomendable es colgar inmediatamente el teléfono”, puntualizó.
Indicó que otra modalidad que afecta al gremio consiste en que supuestos clientes citan a los constructores en un determinado lugar para extorsionarlos.
“El sexenio pasado tuvimos reuniones con autoridades de Seguridad Ciudadana para tratar este y otros temas; ahí nos orientaron para no darle seguimiento a estas personas”, sostuvo.
El delito es una problemática ciudadana de largo alcance. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2018 a 2021, se observa un crecimiento en la incidencia, en comparación con el periodo 2014-2017.
La evolución de este delito indica que,hasta noviembre de 2021, la extorsión en el estado de Querétaro tuvo una incidencia de 244 casos, muy similar la del 2020, cuando cerró con 242; destacan también los 259 del año 2019 y los 104 del 2018.
Estos datos contrastan con los 18 casos registrados en 2017, los 11 del 2016, los seis casos reportados en el 2015 y siete en 2014.
Desde el 2018, Querétaro se ubica ya en el lugar 7 del ranking de los estados de la república con incidencias mayores a 100 casos respecto al delito de extorsión.
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 390, la extorsión se define como “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.
Según la Fiscalía General del Estado de Querétaro, las principales modalidades que utilizan los delincuentes para engañar a sus víctimas son llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y correos electrónicos o el uso de redes sociales.
Utilizan formas de operar como peticiones de préstamos económicos a familiares “en desgracia”; se presentan como falsos trabajadores de gobierno que ofrecen gestiones; aluden a compras por Internet o de vehículos, y cometen robo de identidad (Phising) para sustraer claves de tarjetas de créditos y otros instrumentos de seguridad cibernética.
También desde 2018, la Fiscalía General del Estado reconoció que al menos el 95% de las extorsiones, en su modalidad llamada telefónica, provenían de los centros penitenciarios de Tamaulipas y de la Ciudad de México.