Tras las pasadas elecciones estatales, cuatro hombres queretanos fueron sancionados con amonestaciones públicas, una sanción económica, y un informe a su superior jerárquico por violencia política en razón de género en agravio de cuatro mujeres, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Según el documento, las víctimas fueron una candidata, una diputada local, y dos militantes e integrantes de comisiones intrapartidarias.
Las sanciones fueron aplicadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) contra el expresidente municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia; el excandidato al Municipio de Tolimán, Martín Jiménez Ramos, y dos integrantes de partidos políticos en San Juan del Río, Jorge Salazar Marchan y Rubén Lugo Sánchez.
El exedil de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, fue acusado de ofender a una de sus pares con una actitud de menosprecio por su condición de mujer, en cuanto a pretender aleccionarla por la promoción de su imagen; por tanto el TEEQ determinó hacer del conocimiento al superior jerárquico para que lo amonestara.
Martín Jiménez Ramos, excandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la alcaldía de Tolimán, fue sancionado por dirigirse a su opositora en la contienda como “una mujer que debe cumplir con cierto estándar de apariencia física”, por ello el TEEQ determinó violencia en razón de género por menoscabar el ejercicio del derecho a ser votada de la víctima.
El excandidato de MORENA recibió como sanción una multa económica leve que la Comisión Estatal de su partido tuvo que pagar; sin embargo, el documento no contiene el monto de la penalidad aplicada.
Jorge Salazar Marchan, comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en el Municipio de San Juan del Río, tenía una relación jerárquica que utilizó para degradar a la víctima, además se negó a enviar la queja a la Comisión de Justicia de su partido.
Por ello, el órgano estatal determinó que era acreedor a una amonestación pública. Es decir, en la reunión nacional de su partido deberá presentarse el caso y señalar públicamente al agresor, además de suspenderlo temporalmente de su cargo o condición de militante.
Rubén Lugo Sánchez, militante en el Partido del Trabajo en San Juan del Río, al igual que su compañero y superior jerárquico Jorge Salazar Marchan, fueron acusados por sus compañeras de violentarlas a través de mensajes de texto. Por ello, el TEEQ determinó aplicarles una amonestación pública grave ordinaria.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, es un instrumento que sirve para inhibir este tipo de violencia en contra de las mujeres, mediante una lista pública de agresores del ámbito político, los datos consultados están actualizados hasta el 15 de diciembre de 2021.