La asociación civil Desaparecidos Justicia Querétaro, liderada por la activista y asesora de derechos humanos Brenda Rangel Ortiz, tiene documentados 720 casos de personas desaparecidas o no localizadas en el estado desde 2013, cifra que contrasta con los 264 expedientes que registra la Fiscalía local.
En el gobierno de Francisco Domínguez Servién se aprobó el Programa Estatal de Prevención del Delito de Desaparición y No Localización de Personas 2019-2021, cuyo objetivo era "establecer políticas públicas para proteger y garantizar los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad"; sin embargo, para Desaparecidos Justicia Querétaro la entidad ha fracasado en la búsqueda de personas desaparecidas.
Para la mencionada organización, en la actualidad las autoridades “mantienen omisiones, errores de dedo que nos han interrumpido los accesos a la justicia; hay una nula búsqueda, se presenta simulación de protocolos, hay investigaciones inconclusas y cero coordinación entre estados; por ejemplo, se sigue sin tener un banco genético”.
A través de sus redes sociales la asociación civil ha tomado fuerza e incluso se ha convertido en una plataforma de apoyo a nivel nacional; toda vez que en sus espacios se publican perfiles de personas no localizadas de toda la República Mexicana.
El esfuerzo de la asociación contrasta con lo reportado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro; toda vez que en la página oficial se muestran tan solo las fotografías con datos mínimos de personas no localizadas, divididas en mujeres mayores, mujeres menores, hombres mayores y hombres menores.
Según los datos de la Fiscalía, actualmente en la entidad hay 42 mujeres mayores desaparecidas, 12 mujeres menores, 18 hombres menores y 192 hombres mayores.
Al respecto, Brenda Rangel puntualizó que "normalmente las cifras están maquilladas. La mayoría de las personas no localizadas o desaparecidas son gente en edad productiva entre los 14 hasta los 45 años".