A cuatro años de su fundación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) Querétaro no logra consolidarse para prevenir, detectar y sancionar, de manera efectiva, las faltas administrativas y hechos de corrupción en los que incurren los servidores públicos, tal y como se establece en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del estado.
A pesar de ser el primer sistema creado a nivel nacional, solamente ha ejercido actividades de “concientización” para la ciudadanía, en conjunto con capacitaciones en temas de “sensibilización” para funcionarios. La mayor parte de sus funciones se centran en promover talleres, cursos y conferencias.
En una revisión a sus informes y programas de trabajo anuales que se encuentran en su portal de internet, no hay registro de cuántas denuncias han procesado contra servidores públicos infractores.
También se desconoce cuántas anomalías ha detectado en procesos administrativos y políticas públicas ni cómo su actuar refuerza el trabajo de los órganos de control y fiscalización en el estado para prevenir estas problemáticas.
“Es fundamental entender que el sistema no sólo se dedicará a castigar los hechos de corrupción, también se ocupará de prevenir, es decir, no sólo se atenderán las consecuencias sino que se atacarán las causas que la originan”, dijo en 2017 la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión Especial Legislativa para el Sistema Anticorrupción, Daesy Hinojosa Rosas.
Datos en la cuenta de Twitter de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, vinculada a la página de internet del SEA Querétaro, señalan que en cinco años, uno antes de la creación del sistema, 88 personas fueron vinculadas a proceso penal por delitos relacionados a recursos de procedencia ilícita y daños patrimoniales ejercidos por exalcaldes, secretarios municipales y directores de área.
Sumando los 94 millones de pesos en recuperación de los daños causados a los intereses de las instituciones públicas del estado, también se informa del aseguramiento de indicios criminalísticos por un valor de 8 millones de pesos y cinco vehículos de lujo, pero en ninguno de los casos hace referencia al grado de involucramiento o participación del Sistema Estatal Anticorrupción para lograr tales resultados.
El órgano rector del SEA Querétaro, dirigido por Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz, sólo ha realizado 23 sesiones ordinarias y extraordinarias desde 2017. Se capacitaron a 982 servidores públicos, principalmente en auditorías y se emitieron lineamientos para declaraciones patrimoniales de funcionarios.
También se promovió una consulta ciudadana para impulsar la política estatal anticorrupción, con mil 358 participaciones en temas como el combate a la corrupción y la impunidad; arbitrariedad y abuso de poder, gestión pública y contacto entre gobierno y sociedad e involucramiento de sociedad y sector privado.
Como resultado de su informe anual 2020-2021, el comité coordinador sólo dio cuenta de la realización de estas actividades, pero no mencionó el impacto real que tuvieron en las políticas públicas anticorrupción.
En cuanto al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA Querétaro, se informa que en el periodo 2019 a 2021 se realizaron 29 sesiones ordinarias y extraordinarias, pero en su plan de trabajo tampoco existe información de impacto.
El reporte 2021-2022 sólo define los programas de concientización en dos apartados; gubernamental y ciudadano, con objetivos y acciones a través de talleres, cursos capacitaciones, foros, conferencias, campañas, y esquemas para la gestión de la participación.
En su más reciente informe anual de actividades 2019-2020 reporta 100 actividades de vinculación para ciudadanos empresarios e instituciones educativas con pláticas relacionadas al combate a la corrupción y acciones por la integralidad de la niñez libre de corrupción y actividades lúdicas como la Copa Infantil Anticorrupción y el Embajador Infantil Anticorrupción.
Desde hace año y medio el CPC opera sólo con tres de cinco integrantes que lo conforman, mayoritariamente con profesionistas vinculados al sector empresarial y uno sólo perteneciente al sector académico, todos hombres, aunque por ley debe prevalecer la pluralidad de sus integrantes en cuanto a representantes de organizaciones no gubernamentales y con equidad de género.
El resto de sus integrantes no han sido seleccionados por la Comisión Especial de la Legislatura local, integrada por nueve diputados, que a su vez tampoco se ha conformado.
Como lo documentó hace unos días Vía.Tres, en Querétaro no hay castigos ejemplares para acabar con las faltas administrativas en las que incurren los servidores públicos, las sanciones severas son relativamente pocas y siempre habrá una salida “fácil” para el infractor.
Qué dice la Ley
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro dice en su Artículo 6 que su objetivo es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Además, tiene como finalidad establecer, articular y evaluar la política en la materia, algo que no sucede actualmente.